En los últimos siete años se han creado tres institutos ciudadanos para promover la transparencia y la participación de la sociedad en los asuntos del gobierno municipal de Torreón, pero ninguno existe ahora.
Se trata del Instituto Municipal de Transparencia (IMT), el Instituto Ciudadano de Buen Gobierno (ICBG) y el Instituto Municipal de Planeación (Implan).
El IMT fue creado en 2003 en la administración del alcalde Guillermo Anaya para dar cumplimiento a las leyes de transparencia, pero dos años después fue anulado por la Suprema Corte de Justicia que obligó al Municipio a sujetarse a las normas del Estado en materia de acceso a la información.
En respuesta, la administración de José Ángel Pérez creó, en 2009, el ICBG para promover la participación ciudadana en actos de gobierno, actualizar los reglamentos municipales y mejorar prácticas administrativas.
Sin embargo, la actual administración de Eduardo Olmos cortó el financiamiento al Instituto y lo desapareció en junio pasado argumentando que carecía de validez legal. Esto a pesar de que durante el cambio de gobierno se había apoyado en el ICBG para varios proyectos.
Tanto el Instituto de Transparencia como el de Buen Gobierno estaban regidos por consejos integrados por ciudadanos.
Pero la transparencia no ha sido el único tema donde han fracasado los intentos de participación ciudadana, sino también el rubro de la planeación urbana.
En 2004, la administración de Anaya propuso el Instituto Municipal de Planeación para que ciudadanos participaran en proyectos municipales en un cuerpo descentralizado.
Sin embargo, la administración de José Ángel Pérez no retomó el proyecto, pero propuso un organismo con visión metropolitana que incluyera a los otros municipios de la zona conurbada.
En enero de 2009 se planteó el Centro de Planeación Metropolitana donde participarían los gobiernos de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, así como universidades, cámaras empresariales y órganos de profesionistas.
A la fecha no se ha formalizado el Centro ni se ha podido gestionar un encuentro con los gobernadores de Coahuila y Durango para que ratifiquen el convenio.
Para Moisés Picazo, ex consejero del ICBG e integrante de la asociación Información y Participación Ciudadana, las encuestas señalan que hasta un 80 por ciento de los ciudadanos tiene interés en asuntos públicos y desconfía de las autoridades.
El fracaso de los órganos ciudadanos, dijo, "son pasos hacia atrás, en vez de avanzar se quiere retroceder y esto no es correcto, hay mucho interés de los ciudadanos en participar, en conocer cómo se gasta el recurso, cuáles son las obras, los proyectos, los avances".
