Las bancadas del PRD, PT y Convergencia lograron frenar el dictamen que expide la Ley de Asociaciones Público Privadas, por la cual la iniciativa privada se convertiría en proveedor de servicios del gobierno federal.
Incluso, a petición del senador del PRD, Jesús Garibay, ese órgano legislativo suspendió la discusión en lo particular de dicho dictamen hasta el próximo periodo ordinario de sesiones, a pesar de que ya había sido avalado en lo general.
El dictamen ya había sido aprobado en lo general por 77 votos a favor y 22 en contra, y se discutiría en lo particular pues el senador del PT, Ricardo Monreal, reservó 65 artículos mientras que el PRD y Convergencia reservaron ocho más.
Monreal y la senadora del PRD, Rosalinda López, criticaron la ley pues, afirmaron, abre las puertas a las empresas nacionales y a extranjeras para hacer negocios con el gobierno federal, en detrimento de la micro y pequeñas empresas.
Monreal Avila cansó a los senadores del PRI y PRD al hablar de los 30 primero artículos que reservó, proceso que lo mantuvo más una hora en la tribuna explicando en que consistían los cambios que propuso al dictamen.
Luego, el senador del PRD, Tomás Torres pidió que se comprobara el numero de legisladores y se detectó que no había el quórum suficiente, por lo que se suspendió la sesión matutina y la legislación quedo sólo aprobada en lo general.
Al celebrarse una nueva sesión por la tarde, Garibay propuso suspender la discusión en lo particular de la iniciativa, enviada por el Ejecutivo federal, hasta el mes de septiembre, en el próximo periodo ordinario de sesiones.
El presidente en turno del Senado, Francisco Arroyo indicó que la discusión se reanudará hasta septiembre a partir de los más de 70 artículos que fueron reservados en lo general, a pesar de la oposición de los senadores del PAN.
Así, si bien la ley en cuestión ya está aprobada en lo general, el trámite está incompleto pues aún falta discutir más de 70 artículos en lo particular.
Dicha legislación establece un marco jurídico que formaliza las asociaciones de la Administración Pública con particulares para la prestación de servicios, incluidos aquellos en los que se requiera construir infraestructura.
Se contempla que ello se haga mediante esquemas de financiamiento distintos a los contemplados por la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, así como por la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del Sector Público.
Así, los permisos o concesiones que formen parte de un proyecto de asociación público privada, así como el contrato de la misma, tendrán un plazo máximo de duración de 40 años.
Además, este esquema de asociación se referirá sólo a la construcción total o parcial de infraestructura nueva y no se permitirá el traslado de infraestructura pública o de servicios ya existentes al sector privado.