En el insólito de la temporada, seis organismos de profesionales, con énfasis en el Colegio de Contadores Públicos de México, la Barra Mexicana-Colegio de Abogados y el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, han integrado una causa común para plantear al Congreso un escenario fiscal frente al continuismo planteado por el Gobierno
Según ello la alternativa permitiría elevar a 18 por ciento como proporción del PIB los ingresos públicos -apenas siete puntos abajo del promedio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico-, sin frenar la posibilidad de crecimiento económico del país.
Casi el paraíso.
De entrada, la propuesta habla de cargar el énfasis en los impuestos indirectos, es decir los aplicables al gasto, eliminando la tasa cero del IVA para alimentos y medicinas para generalizar su monto.
Tabla rasa, pues, en 16 por ciento, sólo que planteando una canasta básica de una y otra ramas, que tendría status de exenta.
En contraparte, se plantea la eliminación del Impuesto Empresarial de Tasa Única (IETU) y la reducción del Impuesto sobre la Renta (ISR) a estándares internacionales, además de cerrar la pinza para que las tasas máximas no se alcancen tan rápidamente.
La exposición de motivos, en el primer caso, habla de que el tributo no ha demostrado en el tiempo que lleva de existencia las bondades que se argumentaron para justificar su creación.
De hecho, su recaudación ha disminuido drásticamente. Si en su primer año de vigencia, 2008, se logró captar 46 mil 586 millones de pesos, al año siguiente el monto disminuyó a 44 mil 714, en tanto en lo que va del año se llevan 29 mil 510.4.
En paralelo, determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el IETU es un gravamen distinto al Impuesto Sobre la Renta, no existe manera de acreditarlo en el exterior, lo que provoca escenarios de doble tributación para las filiales de empresas extranjeras asentadas en el país.
En el segundo caso se aduce que en sentido contrario a los estándares internacionales, el ISR ha aumentado sus tasas durante el Gobierno actual, lo que obligaría a una drástica baja.
El planteamiento habla de una tasa máxima de 25 por ciento.
Alternativamente, se plantea el regreso de estímulos fiscales de largo plazo para las empresas que cumplan determinados escenarios, ya la creación acelerada de empleos; ya la reinversión máxima de utilidades, o la compra de materiales o equipos que multipliquen la capacidad de producción.
Ahora que, del otro lado de la moneda, se habla de la creación de un tributo mínimo para las empresas que operan con pérdidas, cuyo cálculo sea tan simple como el Impuesto Mínimo Alternativo de los Estados Unidos.
Desde otro ángulo, el planteamiento habla de mantener un esquema de equidad tributaria, lo que implicaría eliminar los regímenes especiales aplicables a las empresas productoras de alimentos y a las transportistas.
Sin embargo, se habla de mantener vivas excepciones "cuando existiera verdadera justificación económica o social". Naturalmente, en la búsqueda del equilibrio se plantea ampliar la base de contribuyentes, en un escenario en que el 60 por ciento de la economía del país se desarrolla en la informalidad.
En la apretada de tuercas, además, se plantea que se obligue a las entidades federativas y municipios a recaudar sus propios impuestos, para evitar lo que en algunos casos representa la dependencia total de la Federación.
En promedio, la recaudación en esos niveles de gobierno, alcanza apenas el 10 por ciento del total.
Ahora que la recaudación, a juicio de los proponentes, entre los que se ubican también la Academia de Estudios Fiscales de la Contaduría Pública, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y el IFA Grupo Mexicano, se incrementaría si hubiera una real simplificación.
De hecho, los contribuyentes se ahorrarían gastos innecesarios.
El escenario reclama también permanencia de las disposiciones fiscales; seguridad jurídica a través de leyes claras y sencillas, y promoción de la cultura fiscal.
En paralelo, el planteamiento habla de dotar de independencia total al Sistema de Administración Tributaria, en atención al propósito con que se creó.
El escenario hablaría de consideraciones estrictamente profesionales, sin influencias de ningún otro tipo.
Ni consignas, pues, ni favoritismos.
La carta está en la mesa.
BALANCE GENERAL
Le comentábamos en este espacio de las fuertes presiones, a contrapelo de la cacareada división de poderes, que enfrentaba el juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Matamoros, Tamaulipas, Francisco Javier Cavazos, para que se desistiera de la medida cautelar dictada contra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que impedía entregar el título de concesión correspondiente al binomio Nextel-Televisa para operar una red nacional de telefonía celular.
En la andada contra el togado, lo mismo se colocó en fila la Judicatura Federal que la propia Comisión Federal de Telecomunicaciones y aun, en el pilón, un ex procurador de la entidad federativa de nombre Max Gutiérrez.
Bien, pues el juez, finalmente, dobló las manos.
Ayer se declaró incompetente para seguir con el asunto, sin mayor explicación.
La paradoja del caso es que la SCT seguía insistiendo que no había sido oficialmente notificada del recurso.
ANDADA CONTRA GAP
La sorpresa, en la ríspida comparecencia ante el Senado del secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, la constituyó una escueta referencia al Grupo Aeroportuario del Pacífico de quien, dijo, tiene un desempeño menos que satisfactorio.
Como usted sabe, los socios están en pleito desde hace varias semanas. Mexicanos contra españoles en la disputa por el control... y, naturalmente, el reparto de dividendos.
Lo cierto es que la dependencia ha sido omisa en poner orden. De entrada, el título de concesión obliga a fijar multas cuando se incumplen inversiones o se cometen irregularidades administrativas.
De hecho, se podría llegar a la cancelación de éste.
Ahora que la SCT ha permitido, contra las reglas, participación mayoritaria de capital extranjero, cambios de propietario a gusto de la Secretaría de Hacienda, y aún violaciones a la Ley de Símbolos Nacionales.
CUMBRE DE NEGOCIOS
Bajo el lema "Tiempo de despegar: Acciones para el cambio", del 24 al 26 de octubre próximo se celebrará en Toluca la octava edición de la tradicional Cumbre de Negocios, cuyo comité organizador lo encabeza Miguel Alemán Velasco.
Entre los temas a debate está la situación económica mundial después de la crisis; las acciones a desarrollar frente al proceso de globalización; la política monetaria; la reforma fiscal; la lucha contra el narcotráfico...
La figura oficial será el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens.
Del lado privado acuden los presidentes de Banorte, Roberto González Barrera; de Kimberly Clark México, Claudio X. González; de la cadena Wal Mart, Scot Rank, y de Gamesa-Quaker, Luis Prado Becerra, entre otros.
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