Antes de la llegada de la democracia al país, el orden creado por el PRI se caracterizaba por una Presidencia omnipotente. Este régimen generó un sistema de impartición de justicia que sacrificaba su independencia por la obediencia al Ejecutivo. Por tanto, policías, procuradurías y juzgados se rezagaron en términos de capital humano y de eficacia. El desempeño del sistema de justicia seguía el vaivén y los tiempos de la política.
La democratización de los 90 trajo consigo un nuevo sistema en el que los distintos actores del Estado no obedecían ya al Ejecutivo. La contraparte de esta menor injerencia del Ejecutivo, fue la pérdida de dirección. Hacia finales de los 90 el sistema de impartición de justicia mostraba ya sus carencias frente a problemas cada vez más evidentes de criminalidad.
La crisis económica de 1995 generó un aumento severo en la inseguridad del país. En estos años, la criminalidad y el narco se transformaron en un sistema organizado y rentable que la mejoría económica después de la crisis no podría erradicar. Los factores de esta transformación fueron la falta de instituciones sólidas de procuración de justicia y la falta de atención del Ejecutivo en la pasada administración.
Ante una situación en la cual las redes de narco daban señales de estar cada vez más fortalecidas en distintas partes del territorio nacional, Calderón decidió tomar el atajo institucional de enfrentar la situación de criminalidad utilizando como principal herramienta a las Fuerzas Armadas.
Dado nuestro diagnóstico del narcotráfico como un sistema económico rentable y la falta de instituciones de impartición de justicia, el uso del Ejército constituye un atajo a la solución duradera del problema. Las Fuerzas Armadas no están diseñadas para combatir el problema, sólo los síntomas. Por el contrario, el entrenamiento de las Fuerzas Armadas está enfocado a la protección territorial contra enemigos extranjeros.
Una consecuencia de la estrategia militar de descabezar a los cárteles, es la de generar una subsecuente lucha para determinar el nuevo jefe de plaza. Esto expone a la población a niveles elevados de violencia, y vulnera la imagen del país, con consecuencias obvias para industrias clave como la turística.
Hoy en día la gente se siente y está más insegura que antes de la guerra. La estrategia del presidente Calderón también evidenció otro síntoma: el preocupante nivel de corrupción entre las fuerzas policiacas del país. Frente a esta situación, la decisión del Presidente fue la de limitar la cooperación entre el Ejército y las corporaciones policiacas del país. En vez de cooperación, hoy en día hay sospecha.
La estrategia calderonista tenía sentido como un esfuerzo temporal frente a una situación extrema. Pero, han pasado ya más de tres años, y no ha habido éxito en llevar a cabo las reformas necesarias para que el sistema de impartición de justicia tenga niveles aceptables de desempeño.
En una democracia el procurador tiene que demostrarle a un juez que un individuo es culpable de un crimen. El Ejército no puede ser la principal herramienta para combatir a la delincuencia por dos razones. Primero, el Ejército no tiene la capacidad ni el entrenamiento para llevar a cabo las funciones de investigación y procuración. Segundo, no existe un marco legal que regule y castigue los abusos de las Fuerzas Armadas contra la ciudadanía, generando que violaciones a los derechos humanos quedan impunes.
En pocas palabras, el atajo institucional está mostrando sus límites, y estos tres años no han sido aprovechados para lograr cambios sustanciales al sistema de impartición de justicia. La única solución de largo plazo a nuestro problema de la delincuencia y el narcotráfico es la de construir las instituciones de impartición de justicia que por tantos años fueron descuidadas.
De las cárceles siguen escapándose los delincuentes, y desde las cárceles se siguen llevando a cabo crímenes. Los ministerios públicos siguen sin ser capaces de elaborar consistentemente casos que culminen en la sentencia de criminales. Las policías siguen dando señales de venderse al mejor postor.
(Los autores son doctores en Economía por laUniversidad de Barkley y del Banco Central de Canadá).
