Contrario a lo que algunos pensaban y otros presumían, el gabinete del Gobernador que ayer inició sus funciones, Jorge Herrera Caldera, no mostró mayor novedad, pero sí algo de sorpresa. No al menos en la lista de los 14 nombres revelados ayer, mismos que tendrán la responsabilidad de rescatar a Durango de un mar de obras, acciones y procesos inconclusos, o en marcha, como les quieran llamar.
La entrega inicial mostró, en primera instancia, una pleitesía casi absoluta al régimen anterior: a simple vista, sólo se advierte simpatía absoluta del nuevo Ejecutivo hacia tres figuras: el nuevo Secretario de Salud -su amigo-, Alejandro Campa Avitia; el titular de la Contraloría, Óscar Erasmo Návar; y su secretario particular, José Ángel Reinosa.
El resto corres→ ponde, si no a la recompensa inicial del llamado grupo "ismaelista", al pago de cuotas hacia el interior del propio Partido Revolucionario Institucional.
Se entienden y comprenden ratificaciones como las de César Guillermo Rodríguez Salazar y Carlos Emilio Contreras Galindo al frente de las Secretarías Obras Públicas y Finanzas, respectivamente.
El primero salvó, en mucho, el desgaste que de manera natural fue sufriendo la gestión del hasta ayer mandatario: obras inconclusas, retrasos frecuentes, deficiencias en las construcciones y otras dificultades por el estilo fueron atajadas en buena manera por el arquitecto de profesión.
Contreras Galindo, por su parte, manejó bien, a secas, "la papa caliente" que representaron las finanzas estatales, colocando los curitas en las heridas que de vez en cuando sufría la administración. Supo, además, esconderse de los medios de comunicación en momentos críticos, lo que evitó que irreguaridades impulsados casi siempre por la oposición, alcanzaran a convertirse en escándalos desfavorables para la Administración.
Fueron Carlos Emilio y César Guillermo los que más "fuego" apagaron durante los últimos seis años.
La designación de Hugo Rosales Badillo, por otra parte, es de las que más dudas genera. Amén de la gran capacidad para mover las piezas del ajedrez legal a favor de sus jefes y correligionarios, mostrada en repetidas ocasiones durante los últimos años el jurista será sin lugar a dudas el más reclamado.
Al asumir como Secretario General de Gobierno, una posición en la que además del don de mando para garantizar el bienetar de la entidad en todas sus vertientes, se requiere una capacidad de conciliación para hacerle frente a las fuerzas políticas, el llamado por algunos "abogado del Diablo" no tendrá, siquiera, el beneficio de la duda.
Durante el pasado proceso se atrevió, incluso, a pelear -no debatir- públicamente con el dirigente actual de Acción Nacional, Juan Carlos Gutiérrez Fragoso. En términos concisos, es la antítesis de su antecesor, Oliverio Reza Cuéllar.
Los más predecibles de los nombramientos fueron, sin duda, los de Jorge Herrera Delgado en la Secretaría de Educacuón y el de Alejandro Campa en Salud; el primero tiene una encomienda difícil; no obstante, pareciera que es el perfil adecuado. En el caso del segundo, tendrá que navegar con una fuerte corriente en contra: no es "salubrista", como le llaman los funcionarios de los Servicios de Salud a quienes llevan una carrera en el Sector.
También se predecía la incursión de Juan Carlos Gutiérrez Fragoso, de nuevo en Desarrollo Económico, dado lo poco que llevaba en su encargo; y del ex alcalde Carlos Matuk, por su cercanía con Hernández Deras; eso sí, si alguien apostó que iría en en Agricultura, Ganadería y Desarrollo Social, hizo su agosto.
Arturo Yáñez Cuéllar, por su parte, llegará a una Secretaría, la del Trabajo, tras una discreta actuación como regidor del Ayuntamiento; más bien, sus méritos los hizo durante la campaña electoral, coordinando a los diputados locales, y al nacer en el gremio obrero, pues es la representación de la Confederación de Trabajadores de México en el Gabinete.
También llega Jaime Fern→ ández Saracho, ex Secretario del Ayuntamiento. En sus manos tendrá una operación: recapturar para el partido oficial los allegados que decidieron irse a la oposición tras las salida de José Rosas Aispuro Torres; difícil tarea, aunque parecer ser el adecuado para ello.
El último de los nombres, que por su naturaleza debe ratificar el Congreso Local, fue el de Ramiro Ortiz Aguirre en la Procuraduría General de Justicia. Es un premio; a final de cuentas, cada error del procurador saliente lo tuvo que enmendar él.
Independientemente de la función que cumpla, en lo ficial todos tienen tarea por seis años. A simple vista, no parece que alguno la vaya a terminar.
