En los últimos diez días la narcoviolencia y el narcocaos se apoderaron de Nuevo León; la delincuencia organizada lo mismo bloqueó importantes avenidas que enfrentó a militares en concurridos espacios urbanos, con la lamentable pérdida de vidas inocentes.
La población civil sufrió directamente las consecuencias: en dos enfrentamientos suscitados el pasado fin de semana, se reconoce oficialmente el fallecimiento de tres víctimas inocentes (los dos estudiantes fallecidos en el enfrentamiento frente al Tecnológico de Monterrey; y en la persecución de unos secuestradores, una madre de familia); los sicarios además, en su huida, embistieron un vehículo y provocaron la muerte de una inocente más; también hay que considerar los daños y molestias que provocaron los bloqueos de 31 arterias o cruceros importantes del área metropolitana de Monterrey, para lo que los delincuentes utilizaron, al menos, 60 vehículos robados a particulares.
Mientras la población paga con daños en sus bienes y vidas las consecuencias del desbordamiento de la inseguridad, también descubre que todo esto lo hacen con la colaboración y participación de diversas autoridades: así en el enfrentamiento frente al Tecnológico de Monterrey, policías estatales y municipales ayudaron a huir a los delincuentes; lo mismo pasó en los bloqueos viales; su participación es tan común, que ya los bautizaron como los "polizetas".
Sin embargo, la colaboración no se queda en esos niveles, se extiende a directores y hasta alcaldes: en San Pedro Garza García, los marinos detienen a Alberto Mendoza, "El Chico Malo", capo del grupo de los Beltrán Leyva, y el alcalde de dicho municipio, Mauricio Fernández Garza, reconoce que era uno de sus informantes, uno de los integrantes de su "grupo rudo"; unos días antes, la Marina, ingresó al Palacio Municipal de Monterrey, para detener al director del departamento de Alcoholes, Rogelio Ángel González Heredia, por presunta vinculación con los "Zetas", y poco después se conoce que dicho funcionario había reprobado el llamado examen de confianza, pero aun así había sido designado por el mismo alcalde Fernando Larrazábal; también capturaron al director de la Policía Municipal de Villaldama, José Rodríguez, y al subdirector operativo de Tránsito de San Nicolás de los Garza, Jorge Medina Rodríguez.
Por otra parte, esta misma población afectada por la inseguridad, se entera que la Policía Municipal de Santa Catarina detiene a dos presuntos narcomenudistas, que un comando armado pretende rescatarlos durante su traslado para consignarlos ante las autoridades competentes y, tras eso, la Marina se encarga de transportarlos en un helicóptero; pero un día después uno de los presuntos delincuentes aparece asesinado en un municipio aledaño y el otro, que había resultado herido en el enfrentamiento, desaparece; reaparece y vuelve a desaparecer, sin que hoy se conozca su paradero. En un mismo evento se conjuga violación de derechos humanos y negligencia policial.
Todo esto sin considerar hechos que ya se convirtieron parte del paisaje urbano cotidiano: el enfrentamiento de 40 sicarios contra militares en un concurrido restaurante de la carretera Monterrey-Reynosa, donde afortunadamente oficialmente no se conoce la pérdida de vidas inocentes; la decapitación del director de la Policía de Agualeguas, Heriberto Omar Cerda Cadena y el asesinato de su hermano, Jesús Eloy; otro enfrentamiento entre militares y sicarios en Cerralvo, entre otros.
Y frente a todo esto la respuesta del Gobierno Estatal más allá de ser exclusivamente mediática es además violatoria de la Constitución mexicana. El Gobierno Estatal primero promovió la firma de un desplegado de apoyo por parte de organizaciones intermedias locales; después, el lunes, el gobernador publicó un desplegado en los periódicos locales, anunciando el cese (no consignación ni arraigo, sólo cese) de 85 policías estatales y convocando a una concentración para el domingo 28 de marzo para "exigir que cesen las agresiones contra un pueblo ejemplar", como sí él no fuera autoridad responsable.
El mismo lunes inicia una campaña publicitaria en las televisoras locales y nacionales, en la que él dirige personalmente un mensaje a la teleaudiencia, en flagrante violación al artículo 134 de la Constitución que prohíbe expresamente incluir en la propaganda oficial "nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada de cualquier servidor público".
El combate a la inseguridad y la delincuencia organizada requieren una estrategia integral y coordinada, que vaya mucho más allá de lo estrictamente policiaco y/o militar, para nada sirven las acciones mediáticas y mucho menos los desplegados, promocionales y concentraciones humanas.
Y menos sí son violatorias de la Constitución, como la campaña orquestada por el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, que aprovechando la ausencia de una ley reglamentaria del artículo 134 de la Constitución y la ausencia de una reforma a la Ley estatal de responsabilidades de los servidores públicos, inunda las televisoras locales y hasta nacionales con promocionales en los que él aparece personalmente.
Aunque no con el pretexto de combatir la inseguridad, los promocionales de los gobernadores en los cortes de los noticieros de televisión nacional, son hoy cotidianos. Todos los días aparece alguno de los gobernadores difundiendo su acción de gobierno en espacios contratados expresamente para ello; los gobernadores, que protestaron guardar y hacer guardar la Constitución, son los primeros que la violan diariamente, con lo que contribuyen directamente a esa cultura de falta de respeto a la ley, que está en la base de la inseguridad que hoy rige la vida nacional. Los primeros obligados a respetar son los primeros obligados a respetarla y hoy son los primeros que la violan impunemente en televisión nacional.
