Para algunas personas el término gobernanza hoy en día puede parecerles nuevo, asociándosele al de gobierno o gobernabilidad, donde el primero refiere al ejercicio del poder público y el segundo a la cualidad de gobernable. Sin embargo, en la literatura académica y cada vez más en el propio discurso político, gobernanza refiere a un concepto que se identifica con el ejercicio del poder público más allá de las instancias o esferas a que éste convencionalmente se circunscribe, acorde con su demarcación jurídica y dentro de las reglas políticas también convencionalmente establecidas.
Tales restricciones en dicha definición obedecen a una cultura política adquirida en el marco de sociedades no democráticas o con valores democráticos acotados y alienados a la autoridad gubernamental, de los cuales México fue un claro ejemplo durante gran parte del Siglo XX con un régimen político presidencialista y un partido de Estado, mismos que todavía influyen en la transición democrática que vive el país desde fines de esa centuria. Es por ello que en las esferas del poder público encontramos esta cultura como dominante a pesar de las transformaciones ocurridas, de ahí que tenemos generaciones de políticos jóvenes que aún piensan como viejos políticos.
Sin embargo, esta situación inexorablemente está cambiando y uno de los aspectos donde esto se nota más es la participación ciudadana en los asuntos públicos, sin que esto signifique que ya tengamos una sociedad civil fortalecida con capacidad de incidir en los de mayor importancia. La injerencia de los ciudadanos en los asuntos públicos se ha presentado en cuestiones donde el llamado déficit de gestión gubernamental es más patente, tales como los procesos electorales y los derechos humanos, ámbitos donde hubo serios cuestionamientos que ponían en duda la legitimidad del Estado Mexicano.
Pero también recientemente, desde fines del mismo siglo pasado, la participación ciudadana se expresa en otro tipo de asuntos públicos como la gestión de los recursos naturales, en parte por el grave deterioro que sufren y que afecta no sólo la persistencia de los sistemas naturales, sino también el desarrollo de las sociedades. Por diversas razones, desde la academia científica como en el seno mismo del poder público, se reconoce ese déficit de gestión gubernamental debido a que los problemas que se enfrentan en gran medida han rebasado los márgenes de operación de las entidades oficiales.
Cuestiones como el cambio climático y los desequilibrios ecológicos y sociales derivados de la alteración de los procesos biogeoquímicos (los ciclos de carbono, del agua, de nutrientes, etc.) se manifiestan como la misma globalización económica, es decir, a escalas supranacionales donde los estados, y con ello sus gobiernos, han denotado capacidades limitadas para enfrentarlos de modo tal que se requieren estrategias y acciones concertadas también a escala global como la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, y todos aquellos otros instrumentos de concertación internacional como el Protocolo de Kyoto, el Convenio de Diversidad Biológica, por mencionar algunos.
Tales eventos indican que la búsqueda de soluciones ya no es únicamente responsabilidad gubernamental, sino que en la gestión ambiental debe involucrarse al mayor número y diversidad de actores sociales; en la actualidad los gobiernos que diseñan e implementan sus políticas públicas fuera de este esquema pensando en la otrora unilateralidad resultan, sin lugar a dudas, los menos inteligentes e inevitablemente actúan de manera irresponsable, con previsibles resultados carentes de éxito.
Tratar de aplicar aquella visión autoritaria del ejercicio del poder público hoy en día anula la misión de éste, ya que la resolución de los problemas relacionados con el deterioro ambiental debe, también inexorablemente, promover desde las esferas oficiales, la participación de la sociedad civil.
Es por ello que en esta materia cuando hablamos de gestión pública tenemos que referirnos a la gobernanza ambiental, es decir, a un ejercicio del poder público con participación ciudadana, algo que, como mencionamos, algunos y quizá no pocos, de nuestros políticos aún no alcanzan a comprender porque en su desempeño siguen en la lógica del poder por el poder mismo.
