A contrapelo de la percepción generalizada de que en este país nada se mueve sin la voluntad de los empresarios gigantes, de acuerdo a una encuesta realizada entre corporativos, el 32 por ciento considera que la participación privada en el diseño de las políticas públicas es escasa.
Del otro lado de la moneda, sin embargo, el 38 considera que es regular, en tanto hay un seis que la ubica como nula. En contraste, los políticos consultados en la propia muestra señalan en un 34 por ciento que la influencia es considerable; otro 34 que es regular, y un 20 la ubica como "muy considerable".
Sin embargo, la percepción generalizada señala que si bien el gobierno oye las voces de los dueños del dinero, en realidad no escucha.
Realizada por el despacho de capital español Llorente & Cuenca, en la encuesta participaron 162 empresarios entre presidentes, vicepresidentes, consejeros, delegados y gerentes generales insaculados entre las 350 empresas más importantes del país.
Del lado de los políticos participaron lo mismo funcionarios públicos de alto nivel, que legisladores o dirigentes de partidos.
En otra de sus facetas, el 34 por ciento de los integrantes de la muestra considera que el contacto con el gobierno es regular; el 21 lo ubica como escaso, y el uno por ciento lo califica de nulo.
Desde el otro plano, los políticos señalan en un 27 por ciento que es regular, y en un diez lo ubican como escaso.
Llama la atención, además, que los empresarios señalen una escasa participación en el diseño de las políticas que les afectan. El 32 por ciento habla de una influencia regular; otro 32 de escasa, y el tres de nula.
Desde el plano político, sin embargo, la percepción es distinta. El 29 por ciento señala que la intromisión es muy considerable y el 34 la califica de considerable; el 27 de regular.
Ahora que la disparidad es mayor cuando se plantea si las políticas del gobierno generan confianza, entre las empresas, dado que el 37 por ciento dice que es escasa; el 12 que nula, y el 38 regular.
En esa misma ruta, el 44 por ciento califica de regular la política económica del gobierno; el 40 de baja, y el 7 de muy baja.
En otro segmento, el 40 por ciento considera que es regular el apoyo del gobierno a la causa privada; el 30 escaso, y el 40 nulo, mientras los políticos señalan en 42 por ciento que es regular, el 37 considerable, y el siete muy considerable.
Finalmente, en materia de seguridad jurídica, uno de los estandartes que con más enjundia enarbolan los empresarios, el 39 por ciento señala que es regular; el 33 la califica de baja, y el siete de muy baja.
Ahora que en materia de urgencias, el consenso ubica a la reforma fiscal como la prioridad máxima en un eventual acuerdo entre empresarios y gobierno, dejando muy abajo la laboral.
Como usted sabe, los últimos jaloneos entre corporativos y gobierno los plantearon la aprobación por parte del Congreso de nuevas reglas en materia de consolidación fiscal; el incremento en un punto en la tasa general del IVA, y los aumentos graduales en las tarifas y servicios públicos.
Más recientemente, las principales firmas productoras de alimentos y bebidas se inconformaron frente a las reglas fijadas por las secretarías de Educación Pública y Salud para combatir la obesidad infantil de cara a las escuelas.
De acuerdo a la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, organismos como la Concamin y la Concanaco actúan como órganos de consulta del Estado.
Lo curioso del caso es que su primera reacción, tras hacerse público el eje de la muestra, la Secretaría de la Función Pública señaló que tan le hace caso el gobierno a los empresarios, que atendió su reclamo de desaparecer Luz y Fuerza del Centro.
Ahora que la encuesta de Llorente & Cuenca, realizada en siete países latinoamericanos y España, plantea también preferencias de las empresas hacia figuras públicas.
En el caso de México se ubica como dirigentes políticos internacionales más admirados a Barack Obama, la canciller alemana Angela Merkel y Luis Inacio Lula da Silva. A nivel latinoamericano se ubica a este último, el ex presidente de Colombia Álvaro Uribe, y Felipe Calderón.
En el renglón de empresarios internacionales las preferencias se inclinan por Bill Gates y Carlos Slim. A nivel latinoamericano está el propio Slim, Lorenzo Servitje, el presidente honorario del Grupo Bimbo, y el presidente de Televisa, Emilio Azcárraga.
Las conclusiones reclaman un contacto más frecuente con el gobierno; más información de lo que realiza la cúpula del poder, y buscar las vías para mejorar la confianza.
¿Parias del poder?
Finalmente Iusacell logró frenar la licitación convocada por la Comisión Federal de Telecomunicaciones para las bandas 1.7 y 1.9 del espectro de telefonía celular, justo cuando ésta se había suspendido provisionalmente ante lo que se calificó de falta de posturas serias.
El juez Tercero de Distrito de Guerrero le otorgó un amparo. La resolución ya fue comunicada a la convocante.
La exposición de motivos señala que las bases del procedimiento, diseñadas por la propia Cofetel y ratificadas por la Comisión Federal de Competencia, no eran equitativas, dado que le dejaban la mayor parte del pastel a un solo competidor, el consorcio integrado por Televisa-Nextel.
Como usted sabe, las reglas impedían a los participantes en la licitación acumular un espectro mayor a 80 megahercios, lo que le cerraba la puerta a Iusacell, Marcatel y Telcel, frente a una oferta de dos paquetes nacionales de 30.
Televisa-Nextel amarró uno de ellos con la postura mínima, ante la falta de competencia, dejando la posibilidad de que el otro se declarara desierto.
El jaque, pues, está en la mesa.
CONSUMATUM EST
Colocado su nombre de antemano en el portal del organismo como nuevo presidente de la Cofetel, cuando aún no asumía su posición como vocal, finalmente, a contrapelo del desprestigio, a contrapelo de la autonomía de papel del regulador, el gobierno impuso en el cargo a Mony de Swaan.
Este, como usted sabe, es incondicional del secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, a cuya sombra ha hecho su carrera política.
A quién le importa si su designación presidencial como comisionado pisoteaba la ley, dado que su perfil no llena lo previsto en el inciso tres del Artículo 9 C de la Ley Federal de Telecomunicaciones.
Textualmente éste reclama a que los comisionados deberán haberse desempeñado en forma destacada en actividades profesionales, de servicios públicos o académicos relacionadas sustancialmente con el sector de las telecomunicaciones.
