A un año de la publicación del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), el gobierno federal a través del secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, sostiene que los resultados han sido positivos con mejoras en el suministro de energía eléctrica; por ejemplo, el tiempo de interrupción por usuario se redujo de 67.3 a 19 minutos y el plazo promedio de conexión de 11.2 días a 1.7.
Dice que ahora los mexicanos pagan lo justo por un servicio que antes era inadecuado y que les costó en el último año de su existencia 42 mil millones de pesos en transferencias. Los usuarios pagaban doble: por el consumo a través de sus recibos y mantenían, con sus impuestos, a una paraestatal cuya situación iba empeorando. Lo expuesto por el secretario como logros de la extinción, es considerado falso por el dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza Flores, quien señala que los cobros por el consumo de energía son excesivos y el servicio ha empeorado.
Javier Lozano reitera: “Fue congruente, oportuna, pertinente, legítima, legal, necesaria y conveniente para la economía nacional e interés público la extinción de Luz y Fuerza del Centro, la cual fue realizada perfectamente apegada a derecho como lo validó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) actuando en pleno y por eso es cosa juzgada”.
Martín Esparza considera que el Poder Judicial ha actuado favoreciendo al gobierno y de manera imparcial, como se ve con las autoridades laborales en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA); sobre lo que el abogado del Sindicato Mexicano de Electricistas, Néstor de Buen, señala que esta instancia resuelve sus asuntos de acuerdo a lo que le ordene el secretario del Trabajo y que sus resoluciones son inconstitucionales e indebidas, por lo que han sido reclamadas a través del amparo.
El hecho, coinciden los actores en el conflicto, es que éste no será fácil de desvanecerse totalmente, pues evidentemente cada quien defenderá sus posturas.
