A menos de 90 días de la entrada en vigor de una reforma aprobada por la Asamblea Legislativa que prohibe el uso de bolsas de plástico para traslado de mercancías en los autoservicios, aún no hay claridad sobre su sustitución, lo que mantiene tronándose los dedos a la industria.
La zozobra alcanza a tres mil 600 empresas que generan 150 mil empleos directos y 800 mil indirectos, con una producción de 390 mil toneladas al año.
De acuerdo a su cálculo, las tiendas regalan diariamente más de 15 millones de bolsas, que luego son reutilizadas por las amas de casa para transportar basura.
La disposición de los legisladores locales, cuya paso preludia una acción a nivel nacional, la avala el que los productos no son biodegradables, lo que provoca una acumulación asfixiante, por más que se calcula que las bolsas de plástico sólo representan el uno por ciento de los residuos totales de los basureros.
El jaque para los industriales del ramo integrados a la Asociación Nacional de la Industria del Plástico, lo colocó una reforma planteada por los diputados Xiu Guillermo Tenorio del Partido Verde Ecologista y Leonardo Álvarez Romo de Nueva Alianza, cuya aprobación por el pleno prohibió el obsequio de las bolsas, a menos que fueran biodegradables.
La posibilidad se daría con el agregado en el proceso de producción de un aditivo oxodegradante que permite una lenta disolución del plástico al exponerse durante varios años a la luz solar, en confinamientos especiales.
Las penas para los infractores oscilarían entre un arresto inconmutable de 36 horas, hasta multas de mil a 20 mil salarios mínimos.
El problema es que la fórmula se ha desechado a nivel mundial por carecer de efectividad.
De hecho, en abril pasado el legislador panista Juan Carlos Zárraga Sarmiento presentó otra iniciativa en la que cuestiona el uso del aditivo, dado que en casos internacionales el proceso resulta ineficiente si no se cuenta con rellenos sanitarios para que las bolsas se degraden a la luz del Sol... durante cinco años.
Su propuesta, a la que se adhirieron de inmediato los industriales del ramo, es el reciclaje, como se hace en Europa, Japón y Estados Unidos, lo que permitiría mantener las cosas como están, aún cuando habría obligación de transformar los procesos de producción y hacer efectiva la separación de la basura.
La paradoja del caso es que sin llegarse aún a una salida viable, el grupo parlamentario perredista está preparando una propuesta para plantear el cobro de las bolsas, lo que según ello inhibiría su deshecho por parte del público.
Digamos que éstas se reutilizarían una y otra vez para transportar mercancías, con la novedad de que habría que comprar a su vez otras bolsas para el transporte de basura, lo que resultaría, junto con pegado.
El problema, naturalmente, es que la gente acepte un nuevo golpe al bolsillo, tras el aumento de las tarifas y servicios públicos; tras el anuncio de una tarjeta de circulación nueva, a 220 pesos el costo, y la catarata de aumentos a los combustibles.
Naturalmente, habría un mercado negro entre los propios trabajadores de limpia.
Según ello se cobrarían de 50 centavos a un peso por cada bolsa.
Adicionalmente, de adoptarse la idea del aditivo oxodegradante, el costo de las bolsas se incrementaría en 10 por ciento, lo que sacaría de mercado a la mitad de las tres mil 600 empresas productoras.
Como lee usted, la guerra está desatada.
BALANCE GENERAL
Aunque la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no ha oficializado la eventual descalificación de Iusatel, la filial del Grupo Salinas de Ricardo Salinas Pliego que pelearía por los dos hilos de fibra óptica oscura de la Comisión Federal de Electricidad que permitiría crear una nueva red para telefonía fija y servicios de Internet, la firma está lanzando toda la carga para defender su derecho.
De hecho, ya tiene lista su defensa legal, aduciendo que recurrir a los tribunales es un derecho constitucional que está por encima de cualquier reglamento o ley secundaria.
De acuerdo a la dependencia que encabeza Juan Molinar Horcasitas, la descalificación de la firma se daría por haber impugnado las bases de licitación en los tribunales, cuya resolución está pendiente.
Sin embargo, el Grupo propiedad de Televisión Azteca insiste en que se trata de represalias del funcionario por la cobertura realizada por éste a la tragedia de la guardería ABC de Hermosillo, que produjo una muerte espantosa a 49 niños.
Más aún, se insiste en que personeros del secretario le plantearon la disyuntiva a TV Azteca: Le bajas o te bajamos de la licitación.
Como usted sabe, de acuerdo a la investigación realizada por tres magistrados a petición de la Suprema Corte de Justicia, Molinar Horcasitas tendría responsabilidad en el asunto, a su paso por la dirección general del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien autorizó la instalación de la estancia infantil en el marco de la subrogación de sus servicios.
El choque, pues, es frontal.
EXPROPIAN A GRUMA A contrapelo de sus últimos acercamientos con la firma, en busca de legalizar el retiro de la Guardia Nacional de las instalaciones de la planta del Grupo Maseca conocida como Molinos Nacionales (Monaca), el Gobierno de Venezuela decretó su expropiación, según ello para crear una planta estatal de procesamiento agroindustrial.
La factoría productora de harina de trigo y maíz, pastas, arroz, aceite, avena, productos del mar y especias, había sido intervenida a raíz de una investigación contra uno de los socios minoritarios de la firma mexicana, Ricardo Fernández Barreto, a quien se acusó de fraude en operaciones realizadas por bancos de su propiedad.
De hecho, se le expropiaron cuatro de ellos.
Lo cierto es que Gruma había logrado demostrar que la participación del socio incómodo era minoritaria, es decir no tenía injerencia alguna en las decisiones importantes de la empresa.
Sin embargo, la orden había sido asumir a todas las empresas en donde tuviera participación éste, en afán de garantizar el pago de posibles daños.
GOL DE FERROMEX En lo que representa un giro inesperado del caso, el Grupo México de Germán Larrea Mota Velasco logró una resolución del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que le abre la puerta a legalizar la fusión de su filial Ferrocarriles del Centro con Ferrosur.
Según el dictamen, la Comisión Federal de Competencia no objetó en tiempo y forma la transacción, por tanto ésta se da por aceptada.
Lo cierto es que la instancia en lucha contra las prácticas monopólicas sí emitió en su momento una resolución contraria a la concentración, en congruencia a otra previa que la había impedido.
El caso es que tras un primer intento frustrado de boda, se realizaría ésta a espaldas de la autoridad, planteándose posteriormente una segunda solicitud de autorización.
Tras su segundo rechazo, la CFC planteó una serie de multas contra las partes.
Albertobach@yahoo.com.mx
Barrancoalberto@prodigy.net.mx
