Estado de sitio. Soldados del Ejército de Guatemala patrullan la entrada a Cobán, Alta Verapaz al norte de Guatemala.
El Gobierno guatemalteco otorgó a los militares el control de una región del norte del país que es considerada el bastión de operaciones de un cártel mexicano, en un intento por recuperar la confianza en las instituciones en una zona de rampante actividad criminal.
El presidente Álvaro Colom declaró a radio Sonora que la decisión de decretar estado de sitio se tomó hace "varias semanas por la zozobra que hay en Alta Verapaz" y que el gobierno busca "recuperar la gobernabilidad en el departamento".
"No me gusta mucho el estado de sitio, pero era necesario para allanar viviendas ubicadas, generar información y realizar detenciones".
El decreto entró en vigencia ayer y tiene un mes de vigencia, prorrogable. Alta Verapaz se localiza a unos 200 kilómetros al nordeste de la capital y es un territorio fronterizo con México, lleno de narcotraficantes.
Hasta el cierre de la edición no había reportes de enfrentamientos armados ni de detenciones. El gobierno informó en su web oficial que se realizan 16 allanamientos en lugares donde tienen información que se refugian narcotraficantes y otros realizan tareas de vigilancia y prevención de ataques.
En las calles hay investigadores antinarcóticos con pasamontañas que vigilaban. Se constató que en las entradas a Cobán, la cabecera departamental, agentes de la policía y soldados revisan todos los vehículos que entran y salen de la ciudad y que decenas de allanamientos a residencias están en marcha.
Para el criminólogo y catedrático universitario David Martínez Amador, el gobierno reaccionó a demostraciones de fuerza que han realizado los integrantes de ese cártel, pero consideró que de nada servirá "si continúa la corrupción de la Policía, un sistema de justicia débil y un sistema de cárceles débiles".
El diputado del opositor Partido Patriota Gudy Rivera calificó como "tardía" la medida del gobierno, porque el gobierno ya tenía información que "los narcotraficantes (le) tenían prohibido salir a los habitantes después de las 9 de la noche".
El "estado de sitio", regulado por la Ley de Orden Público, es el segundo de mayor gravedad después del "estado de guerra". Cuando está vigente, estipula que "todas las autoridades y entidades estatales, de cualquier naturaleza que sean, están obligadas a prestar a la autoridad militar el auxilio y cooperación que les sean requeridos".
También pueden realizarse detenciones sin que medie orden judicial, limita la libre locomoción, la portación de armas y prohíbe las manifestaciones públicas y las reuniones privadas, entre otras garantías constitucionales.
La condición que la ley establece para decretar ese estado es que existan "actividades terroristas, sediciosas o de rebelión" o cuando peligre "la seguridad del estado... se registraren o tuvieren indicios fundados que han de sucederse actos de sabotaje, incendio, secuestro o plagio, asesinato, ataques armados contra particulares y autoridades civiles o militares".
Informes de inteligencia del Estado han informado al gobierno que ex militares mexicanos con ayuda de guatemaltecos han tomado algunas comunidades locales.
La prensa ha reportado que la gente vive intimidada por hombres que pasean con vehículos todoterreno, con armas de asalto y contra los que las fuerzas de seguridad se han visto incapacitadas de actuar. También recogen denuncias de finqueros que dicen haber sido amenazados para forzarlos a entregar sus tierras a los traficantes.
El grupo de narcotraficantes se instaló en Guatemala desde hace más de 2 años. Se reporta que ex militares, algunos de la fuerza élite del ejército se han sumado a sus filas.
