Al concluir la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, los gobiernos participantes se llevaban en el maletín una serie de compromisos que deberían implementar en el interior de sus respectivos países; de esa manera, 1992 se convertía en un parteaguas histórico en el que a nivel global se asumía la responsabilidad antrópica en los procesos de deterioro ambiental, en otras palabras, se reconocía que gran parte de los problemas asociados al desequilibrio en los sistemas naturales eran provocados por la población humana.
Lo que resulta de la Cumbre de Río fue una agenda global sobre los grandes problemas del orbe como el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la deforestación de los bosques y la desertificación de los suelos, el abatimiento y contaminación de los cuerpos de agua dulce, por mencionar algunos de los más críticos. Sin embargo, lo que seguía era más difícil que lo anterior, puesto que no bastaba verse al espejo y reconocer la gravedad de los daños que el hombre estaba provocando a su entorno, sino el cómo empezar a revertirlos, remediarlos o cualquier otra forma de enfrentarlos para evitar se profundizaran, y en algunos casos, quizá fuesen irreversibles.
Cada país tenía que elaborar su propia agenda ambiental y diseñar las posibles soluciones, convertirlas en políticas públicas y consensarlas con la sociedad, no sólo porque la mayor parte de los gobiernos estaban reaccionando tarde ante estos eventos, muchos de ellos presentes más allá de sus fronteras. Los retos que se enfrentaban y aún se enfrentan rebasan las capacidades de las acciones gubernamentales, de ahí que no sólo sea inevitable sino determinante convocar a la sociedad para trabajar conjuntamente en la medida que las entidades oficiales no van a poder regular las actividades que impactan el ambiente si no participan los actores sociales que las realizan.
¿Cómo revertir los efectos en la contaminación del aire producto de las emisiones de los gases de efecto invernadero que están incidiendo en el cambio climático global sin la participación de los dueños de las empresas, ganado, automóviles, fuentes generadoras de energía, etc.,? ¿Cómo detener la pérdida de la biodiversidad sin involucrar a los campesinos o propietarios dueños de los terrenos que albergan la fauna y flora silvestre? ¿Cómo detener el abatimiento y disminución de los cuerpos de agua dulce sin involucrar a los usuarios, en particular a los grandes usuarios de este líquido? Toda regulación resulta insuficiente si no se hace parte del problema a quien lo provoca.
México es un país que ha avanzado considerablemente en establecer regulaciones oficiales para tratar de contener esos procesos de deterioro ambiental, pero son pocos los recursos que se invierten en la aplicación de sus soluciones.
En nuestra Región Lagunera también se han dado pasos importantes en el reconocimiento de los grandes problemas ambientales como la sobreexplotación de acuíferos que esta provocando escasez y disminución en la calidad del agua, en la contaminación del aire atmosférico, en la pérdida de la biodiversidad local o en otros que no por menos llamativos se consideren menos importantes, y también debemos reconocer algunos esfuerzos tanto de las entidades oficiales reguladoras como de los actores sociales que los provocan, pero ante ese reconocimiento nos resistimos a aportar recursos públicos, privados o ciudadanos para intentar resolverlos; no podemos admitir que las regulaciones son se apliquen por falta de recursos, y queramos o no, tenemos que cambiar las prioridades de la agenda pública.
¿Cómo enfrentar el cambio climático global si no podemos disponer o conformar una bolsa para realizar los estudios de las fuentes y cantidades de gases emitidos e incorporados a la atmósfera, estudios sin los cuales no podremos elaborar un plan de acción? ¿Cómo conservar la biodiversidad de nuestros espacios protegidos si nos resistimos a asignar fondos públicos para apoyar los programas ya existentes que en ellos se realizan? Tanto el Gobierno como la sociedad tenemos la palabra, y ante ello insistamos en cambiar las prioridades de la agenda pública, quizá haciendo menos puentes o vialidades menos onerosas, y reasignando esos fondos públicos en la búsqueda de soluciones a otros problemas que ya afectan y seguirán afectando a la mayor parte de la población lagunera.
