Los actuales diputados del estado de Durango dejarán el cargo el primero de septiembre cuando entre la nueva Legislatura, no obstante se van dejando 73 asuntos pendientes como iniciativas, decretos, solicitudes, leyes y reformas.
Estos asuntos se quedaron congelados en su mayoría desde el 2007, 2008, 2009 y 2010. Aunque hay asuntos que datan del 2005 e incluso hubo uno que nunca se resolvió y que se presentó en la Administración de Ángel Sergio Guerrero Mier.
Se queda pendiente la iniciativa del gobernador Ismael Hernández Deras, en junio de 2010, donde solicitaba autorización para enajenar a título gratuito 572 lotes de terreno del ejido Carlos Real de Lerdo, para beneficiar a igual número de familias.
Otra iniciativa enviada por Hernández Deras pendiente fue la reforma a la Constitución del Estado y a la Ley de Seguridad Pública y Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, presentada en marzo de este año.
Se quedaron pendientes las reformas a la Ley de Transporte presentadas en 2007 y 2008 que incluían cambios para la renovación del transporte público y mayores sanciones para taxis "piratas".
El diputado panista Julio Castañeda admitió el rezago.
"Tenemos comisiones como la de Transporte donde soy secretario y no hemos sesionado más que en 2007. La comisión de Seguridad Pública y la Forestal también llevan más de un año sin sesionar", dijo.
Otro ejemplo de la baja productividad de los diputados fue la nula respuesta a la iniciativa presentada por el alcalde de Lerdo en noviembre del 2009 donde solicitaba que esta ciudad fuera considerada Cuna de la Revolución Mexicana, propuesta sobre la que nunca se dictaminó y el 26 de ese mismo mes se determinó que Gómez Palacio fuera nombrado de esta forma.
El rezago es mayor si se recuerda que en 2006 el entonces diputado local Rigoberto Flores, actual presidente del PRI en Gómez Palacio, presentó una iniciativa que contenía reformas a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la cual lleva cuatro años pendiente.
Además están las reformas a la Ley de Fiscalización Superior del Estado pendientes desde septiembre del 2003 propuesta hecha cuando era gobernador Ángel Sergio Guerrero Mier.
