En un lapso de diez días dos civiles mexicanos fueron asesinados por agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos en incidentes distintos, pero con una variable en común: el exceso de fuerza por los agresores.
Ambos casos merecen mucho más que una declaración presidencial por parte de México o la trillada promesa de que el Gobierno mexicano no descansará hasta que se logre justicia.
Tanto en la muerte a golpes y descargas eléctricas de Anastasio Hernández, ocurrida en San Ysidro. California, como en el asesinato a balazos del menor Sergio Adrián Hernández en Ciudad Juárez, existen sobradas evidencias para actuar con mayor energía y celeridad.
Los testigos y un video que salió a la luz pública esta semana revelan claramente que el migrante Anastasio de 42 años de edad fue salvajemente torturado por varios agentes que lo golpearon, patearon y le aplicaron descargas eléctricas cuando estaba todavía esposado y de rodillas, es decir cuando el mexicano no tenía la menor posibilidad de defenderse.
Sergio, de quince años de edad, recibió dos impactos de bala, uno de ellos en el rostro y a corta distancia, por el simple hecho de lanzar piedras contra los agentes fronterizos, seguramente en un acto de vagancia como adolescente y no en un intento de herir a los uniformados.
Los gritos y lamentos de Anastasio son impresionantes en el video que tomó un testigo con su celular en donde se muestra que la golpiza fue severa y protagonizada por varios agentes y no sólo uno como fue revelado en un primer reporte oficial. Ver videos: http://www.diariosandiego.com/bin/articulos.cgi?ID87939&qportada
En el caso del joven Sergio no hubo tiempo para lamentos porque su muerte fue instantánea, demoledora y brutal. Testigos aseguran que el agresor cruzó a suelo mexicano en el momento de disparar lo que podría generar un cargo para el agente por parte de la justicia de México.
Anastasio y Sergio no sólo comparten el mismo apellido sino además el profundo dolor de sus familiares y la férrea indignación de la comunidad mexicana de ambos lados de la frontera que de nuevo observa con cuánta facilidad se violan las garantías y los derechos más básicos de los mexicanos y en general de todo aquel que no hable inglés ni tenga la piel y los ojos claros.
Cuando el pasado mes de marzo fueron asesinadas tres personas ligadas al Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, de inmediato el Gobierno de Barack Obama envió un equipo de investigadores que prácticamente tomó el control de las pesquisas.
En cambio el Gobierno mexicano lanza sus airadas protestas, pero muestra una actitud débil y temerosa al no involucrarse a fondo en el inmediato esclarecimiento de las muertes de los dos connacionales.
Cabe recordar que en todo crimen las investigaciones más importantes son aquellas que se llevan a cabo en las primeras 72 horas y preferentemente en el lugar de los hechos.
Ambos homicidios muestran el abuso por parte de la autoridad agravado por el hecho de que las víctimas estaban desarmadas y no presentaban ningún peligro. ¿O qué riesgo pueden significar un migrante esposado y un menor de quince años tirando piedras a larga distancia?
Estos crímenes no tienen nombre por no decir otra cosa y tanto el Gobierno de Estados Unidos como el de México están obligados, cada quien en su jurisdicción, a aportar todas las pruebas y elementos necesarios para que se conozca la verdad y se proceda en consecuencia.
Los crímenes ocurrieron en lugares públicos de la línea fronteriza ante la presencia de muchos testigos y seguramente de cámaras de video que habrán captado claramente los hechos.
De no ponerse un alto a estas barbaries policiacas se agudizará la violencia en la frontera y el clima de hostigamiento y represión hacia los inmigrantes.
Asimismo los agentes fronterizos correrán el riesgo de sufrir atentados. Urge pues celeridad y voluntad para castigar a los responsables antes de que se produzca un estallido social y racial de mayores dimensiones.
