Centrada la atención del respetable en la disputa entre la Secretaría de Hacienda y una fracción de la bancada priista en sí se baja un punto del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el ruido impide centrar la atención en el gravamen más oneroso que ha impuesto el Gobierno Federal sin alerta de por medio.
Estamos hablando del costo de la inseguridad, en el escenario de la guerra unilateral decretada por el presidente Felipe Calderón a la delincuencia organizada.
De acuerdo a un estudio realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, el pago por persona, sin discriminar ancianos, niños, enfermos, discapacitados, en materia de protección mínima es de nueve mil 640 pesos, equivalente a 770 dólares, lo que da un total de siete por ciento del Producto Interno Bruto.
Según éste, mientras el 0.8 por ciento se destina al pago de seguros frente a la posibilidad de ataques, el 2.1 apunta al pago de transferencias a la delincuencia, es decir rescate por secuestros, extorsiones, chantajes o simple y llanamente cuotas de "protección".
El resto se invierte en la contratación de seguridad privada, cuyo escenario abarca desde policías de élite para protección de ejecutivos, entrenamiento al calce, hasta alarmas, dispositivos especiales, perros amaestrados, cercas eléctricas y demás etcéteras.
El tributo, pues, más confiscatorio, que si bien no se le paga directamente al Gobierno, igual afecta la competitividad de las empresas, por más que éstas le carguen una parte de la sangría a los consumidores.
El escenario no respeta tamaños, jerarquías, condiciones o regiones. Si en el mapa el grupo Modelo sufrió el incendio de algunas de sus tiendas de conveniencia Extra, al negarse a pagar la "protección", las cadenas de autoservicio del norte del país están atadas a los caprichos de la delincuencia, en tanto el más pequeño "changarro" es objeto de extorsión, para no hablar de petardos a las fachadas, balaceras en los ventanales o bombas "molotov" de advertencia.
Ahora que los bancos sufren el robo de cajeros automáticos a los que se les arranca con cadenas adheridas a vehículos de carga.
La lista llenaría planas y planas de diarios.
Y aunque para algunos el monto difundido por la Concamin podría resultar exagerado, hete aquí que el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado lo calcula en más del doble, es decir el equivalente a 15 puntos del PIB.
El dato lo apuntalan diversos organismos internacionales.
Naturalmente, el Gobierno Federal, cuya "estrategia" provocó la conversión de las bandas del narcotráfico en delincuentes comunes, minimiza la cifra, por más que reconoce que ésta podría arañar el 1.2 por ciento del PIB.
Aún así, estaríamos hablando de 170 mil millones de pesos, que representan el 78 por ciento del presupuesto de gasto para el 2011 que tendría la Secretaría de Educación Pública.
Más aún, con todo y el empujón que tendría para el año próximo, la cantidad representa 3.4 tantos más al presupuesto para la Secretaría de la Defensa Nacional, y 4.2 veces el de la Secretaría de Seguridad Pública.
Estaríamos hablando, además, de casi cinco tantos a los 35 mil millones de pesos que dejaría de percibir el fisco de bajar de 16 a 15 por ciento la tasa del IVA, lo que a juicio de la Secretaría de Hacienda representaría una tragedia nacional.
Desde otro ángulo, el monto equivale al 77 por ciento del flujo de financiamiento canalizado por la banca de desarrollo al sector privado, y mayor al cinco por ciento de la derrama entre enero y agosto pasados.
Desde la óptica del CEESP hay una clara relación entre el aumento de la inseguridad y la disminución de la inversión y el consumo, inhibiendo la posibilidad de una recuperación más rápida de la economía.
Solamente entre el 2004 y el 2008, es decir sin haberse alcanzado los niveles actuales de inseguridad y violencia, la relación entre el crecimiento de ésta, la inversión y el consumo muestran un grave deterioro.
Si hace cuatro años se cometían 11.2 delitos por cada 100 mil habitantes, dos años después se llegó a 12, con la novedad de que si entonces las ventas crecieron en 8.5 por ciento, en el comparativo éstas sólo lo hicieron en 1.2.
Y si en 2006 creció 6.9 por ciento la inversión privada, en el 2008 apenas llegó a menos de la mitad, es decir 3.1.
Por lo pronto, mientras surgen en el país, reguladas o no, 10 mil empresas de seguridad privada que facturan alrededor de ocho mil millones de dólares, los restaurantes de la frontera norte han reducido sus ventas en 30 por ciento, en tanto el flujo de turistas de negocios se han vuelto nulo, y las ventas de carros blindados se han multiplicado por mil.
Digamos que sin decir agua va, el Gobierno le impuso a la población el impuesto más confiscatorio.
BALANCE GENERAL
A contrapelo del calificado como "sexenio de la infraestructura", este año la industria de la construcción tendrá un retroceso de 1.5 por ciento, pese a que el pronóstico más optimista habla de un crecimiento del PIB general de 3.5 por ciento, ligando su segundo año de reversa.
El año pasado la caída fue de nueve por ciento, es decir dos puntos más allá del retraimiento de la economía nacional.
La razón es simple: Pese a las medidas dictadas por el Congreso, las dependencias, con énfasis en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, siguen ejerciendo a cuentagotas el presupuesto.
Hasta agosto pasado se había gastado sólo el 51 por ciento del presupuesto global de carreteras, por más que en abril apenas se llevaba el 17.
Otra de las rémoras es la Comisión Nacional del Agua.
OBSTACULIZAN "NEGOCITO"
La noticia es que del plato a la boca se le está cayendo la sopa a los familiares del gobernador priista de Quintana Roo, Félix González Canto, quienes planteaban abrir una naviera bajo la razón social "Isla de la Paz".
La idea del primo y el padre del funcionario en ruta de salida, el alcalde de Cozumel, Juan Carlos González y Franco González, era recorrer la ruta Cancún-Cozumel, con el señuelo de tarifas más bajas aprovechando condiciones preferenciales en los costos de puerto.
El problema es que la firma, en cuya sociedad participa también Servicios Marítimos Portuarios del empresario veracruzano Saúl Muñoz, adquirió, a un costo aproximado de cuatro millones de dólares, cuatro lanchones de fibra de vidrio construidos en Indonesia, cuyo material flamable se considera peligroso en una zona de alta presencia de huracanes.
Los navíos bautizados como "Express Bahari-9", "Batavia", "Express Bahari-5" y "Surya Gemilang Jaya-19" no han sido autorizados aún para operar por la Dirección de Marina Mercante.
Sin embargo, podría abrirse una rendija de presión de hacerse efectiva la posibilidad de que el ex alcalde de Cozumel sea involucrado en el equipo del gobernador al relevo, Roberto Borge Angulo, como director del Sistema de Puertos de Quintana Roo.
Por lo pronto, la competencia se truena los dedos ante la posibilidad de un competidor con bendición oficial... y ventajas al calce.
PREMIO A GRUMA
La Casa Blanca le acaba de otorgar al Grupo Maseca de Roberto González Barrera el certificado "Leed Gold" que reconoce a las empresas que mantienen liderazgo en cuidado del medio ambiente.
La razón apunta a la reciente inauguración de una planta productora de harina de maíz nixtamalizada en Panorama City, California, cuyas características la hacen amigable con la naturaleza.
La inversión fue de 50 millones de dólares, de los cuales el 11.6 por ciento fue para tecnología amigable con el medio ambiente.
