El Frente de Renovación Nacional del Sindicato Minero informó que impugnará ante las autoridades federales la convención donde hoy se pretende reelegir como secretario general de esa organización a Napoleón Gómez Urrutia, quien no tiene apoyo mayoritario al interior.
De acuerdo con Carlos Pavón Campos, dirigente de esa agrupación disidente y quien fue una de las personas más cercanas a Gómez Urrutia, la convención ordinaria carece de validez y no cuenta con las dos terceras partes de los empleados del gremio para realizarse como marcan los estatutos.
Especificó que Gómez Urrutia tiene el apoyo de ocho mil mineros, de los 33 mil trabajadores registrados en el Sindicato Minero, por lo que no puede reelegirse, además de que ya tiene más de tres años que dirige esa agrupación vía mensajes electrónicos.
"El Frente de Renovación Nacional del Sindicato Minero no permitirá que continúen los sistemáticos atropellos a los trabajadores, por lo que buscaremos la impugnación de esta fraudulenta convención ante las autoridades laborales", advirtió.
Pavón Campos, recordó que según la convención realizada en 2007, el Sindicato Minero contaba con 33 mil trabajadores reconocidos por la Dirección de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Sin embargo, continuó, siete secciones y una fracción que se encontraban en plantas de Grupo México determinaron formar otra agrupación y salir de ese gremio, y en los últimos años, 14 secciones se perdieron por el cierre de empresas.
"Es evidente que Gómez Urrutia sólo cuenta con el respaldo de casi ocho mil trabajadores, quienes no constituyen un número suficiente para la convención", señaló.
En ese sentido, destacó que de llevarse a cabo será un intento más de Gómez Urrutia por mantener el control del Sindicato Minero y ocultar toda la corrupción y manejo irregular de las cuotas de los trabajadores que se han registrado durante su administración.
Carlos Pavón confió en que ante esas evidencias "tan indiscutibles", las autoridades anulen la convención, pues resulta un abuso contra los derechos de los trabajadores mineros.