El asesinato de 72 emigrantes en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, puso nuevamente en evidencia el clima de impunidad que se vive en México. Si bien es cierto que tras este lamentable suceso los ojos del mundo están puestos en nuestro país por el trato que se da a los migrantes, la realidad es que los abusos contra centroamericanos que buscan llegar a los Estados Unidos y pasan por México es, por desgracia, una realidad cotidiana.
En los últimos años se han registrado más de 3 mil violaciones, anualmente, a los derechos humanos de los migrantes en tránsito, de acuerdo a informes de organismos en defensa de los indocumentados. Si bien el asesinato de 72 personas ocurrido la semana pasada fue perpetrado por un grupo del crimen organizado, también es cierto que las autoridades mexicanas poco han trabajado para evitar los abusos de las autoridades de migración. Por el contrario éstos van al alza.
Históricamente los estados de San Luis Potosí, Veracruz, Estado de México, Chiapas, Tlaxacala, Tabasco, Coahuila, Guanajuato, y Querétaro, son donde con mayor frecuencia se violan los derechos humanos de los migrantes, abusos que se presentan bajo la complacencia de las autoridades.
A nivel estatal, en innumerables ocasiones el obispo de Saltillo, Raúl Vera, ha señalado que a los migrantes de tránsito se les roba el dinero, son golpeados, torturados e incluso extorsionados. Delitos que muchas veces son cometidos por bandas del crimen organizado en complicidad con las autoridades.
En el caso particular de Tamaulipas, ya se había documentado que grupos de crimen organizado secuestraban migrantes con el objetivo de que se unieran a sus filas. A pesar de la denuncia periodística, las autoridades poco hicieron para solucionar el problema. Por este motivo se puede decir que la matanza de 72 migrantes fue un crimen anunciado, donde lo más lamentable es que el Estado mexicano haya sido incapaz de anticiparse a la desgracia.
