El combate a la delincuencia en La Laguna no ha rendido los frutos que la ciudadanía espera. Una de las causas principales de este fracaso es la incompetencia de las autoridades, las cuales se han visto rebasadas por el creciente fenómeno de la inseguridad, ante el cual no han podido aplicar una estrategia articulada y congruente. Por el contrario, las disputas entre corporaciones y la mala disposición de recursos humanos y materiales, la corrupción y la impunidad continúan mermando las posibilidades de los gobiernos para atacar al crimen.
Prueba de la falta de coordinación que persiste, contrario a lo que se maneja como discurso oficial, es lo acontecido el lunes pasado, cuando policías municipales y estatales protagonizaron una riña en Torreón durante una investigación de secuestro. En la reyerta participó incluso el director de Seguridad Pública Municipal, Carlos Bibiano Villa Castillo, quien agredió a un agente del Ministerio Público identificado como Fernando Olivas, hijo del delegado regional de la Fiscalía General del Estado, del mismo nombre. Tuvieron que intervenir mandos del Ejército Mexicano para calmar la situación que, según versiones de los involucrados, se trató sólo de “un mal entendido”.
Otro hecho que evidencia la falta de voluntad para hacer bien las cosas por parte de los encargados de la seguridad en la comarca, es la reciente contratación de 60 elementos municipales sin que hayan sido sometidos a las pruebas de control y confianza que exige el Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿De qué forma, entonces, se puede garantizar la probidad y capacidad de los nuevos agentes? Para el jefe de la Policía Municipal, Bibiano Villa, son suficientes los exámenes que él aplica, cuyos resultados ninguna otra institución conoce.
En lo que respecta a la disposición de recursos materiales, la semana que recién terminó se dio a conocer que el helicóptero adquirido por el Gobierno del Estado de Coahuila para reforzar la seguridad en la región tiene más de dos meses sin ser utilizado y ni siquiera se encuentra en la región. Según la Fiscalía, la aeronave está “en reparación” y “pronto regresará a sus labores”. Lo cierto es que el aparato, que costó 27 millones de pesos, en poco o nada ha contribuido hasta ahora para hacer más efectiva la lucha contra la delincuencia.
Por si fuera poco, el Ministerio Público de Coahuila encabeza la lista de quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado, derivadas de la lentitud y deficiencia en la atención de las denuncias por parte de las víctimas de delitos. Con todas estas fallas en las corporaciones policiacas, no resulta extraño que actualmente en Torreón se roben tapas de alcantarillas, cable del alumbrado y placas y bustos conmemorativos, o que asalten a plena luz del día afuera de escuelas o que se metan a museos a hurtar cualquier cosa. En La Laguna el combate a la delincuencia ha sido un fracaso.