"Necesitamos mayor presencia de corporaciones policiales". He escuchado esa frase decenas de veces, siempre de funcionarios de los gobiernos Estatal y Municipal. Desde el ex gobernador Ismael Hernández Deras y todos los miembros de su gabinete de seguridad, hasta el actual secretario general de Gobierno, Hugo Rosales Badillo.
Ahora que llegó, ya no quieren el apoyo: enorme incongruencia. Fueron suficientes un par de días y dos enfrentamientos para que las autoridades locales cambiaran de opinión.
¿Qué pasó?
El martes, tras el enfrentamiento entre fuerzas federales y un grupo de civiles, que dejaría como saldo cuatro personas muertas -entre ellas una menor de 13 años y el chofer de un autobús-, el fiscal general, Ramiro Ortiz, fue entrevistado por el periodista Luis Cárdenas, para el espacio noticioso Informe MVS, transmitido vía radio en la ciudad de México; se le escuchaba alterado, molesto.
Ortiz Aguirre faltó en la entrevista a sus propios "principios", esos que pregona cada que se le hace una entrevista. Regularmente pide prudencia, no adelantarse, esperar al resultado de las investigaciones. Ahora no.
En la emisión noticiosa nocturna, responsabilizó a la Policía Federal de la muerte de los inocentes, citando a sus familiares como testigos del asesinato; los señaló como "faltos de pericia" y de paso acusó que dispararon contra agentes comisionados a la Fiscalía General del Estado cuando llegaron a "brindar apoyo". "Se pusieron nerviosos", dijo Ramiro.
El Fiscal se olvidó del fondo de la operación y de los resultados. Para él lo relevante fue que no "les avisaron". Lo demás no importó para él.
La propia dependencia que coordina, incluso, promovió ese día por la tarde entrevistas al padre de la pequeña fallecida; en medio de su dolor, fue el más prudente: simplemente pidió justicia.
En esa entrevista, anunció la realizacón de un "enérgico extrañamiento" por parte del Gobierno Estatal, ante lo que consideró una acción errónea de las fuerzas federales.
Ayer, temprano, se informó a nivel nacional el parte policial: cuatro de los detenidos, ex policías. Dos de ellos, ex agentes de la desaparecida Procuraduría General de Justicia del Estado; uno más, ex policía estatal.
Una vez revelados esos detalles, la lógica apuntó hacia la Fiscalía General del Estado. Es el procedimiento que se ha seguido en todas las entidades: "si atrapo a uno de los tuyos, investigo a los demás". Es la tendencia. Y así fue.
Poco después de las dos de la tarde, reporteros duranguenses fueron testigos de cómo agentes federales perseguían a una unidad de la Fiscalía, que a toda velocidad ingresó a la sede estatal para refugiarse.
La persecución, iniciada instantes antes, se desató luego de que la corporación dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública federal le marcara el alto a los agentes duranguenses: no hubo respuesta e iniciaron los balazos. Fue lógico el intento por detenerlos: camioneta sin emblemas, con hombres armados en el interior. ¿Qué se hace?
En el camino, al igual que el día anterior, quedaron víctimas inocentes. Y es algo que se pudo evitar.
Sin saberlo, sí, pero los investigadores estatales tuvieron en sus manos evitar las lesiones a los civiles. El que nada debe nada teme. ¿Por qué huyeron?
Y entonces volvió la prudencia. Más tarde, en rueda de prensa, el Secretario General de Gobierno calificó al hecho como "una confusión". A como están las cosas, explicó, los agentes estatales pudieron confundir el operativo federal con un falso retén.
Un falso retén. Al mediodía; frente del Cereso; a un kilómetro de la Fiscalía. Difícil de creer. Pero en fin, fue la versión.
Fallecidos y lesionados inocentes serán indemnizados. Vaya consuelo. "Daño colateral que se pudo haber evitado".
