Indagan a la Máquina por lavado de dinero

Como consecuencia de los turbios negocios de los directivos de la Cooperativa La Cruz Azul, alrededor de 300 socios demandaron a su presidente, Guillermo Billy Álvarez, por lavado de dinero ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República (PGR).

El viernes 30 de julio habrá una nueva asamblea en Cruz Azul. El problema, que se ha complicado con la evasión de impuestos de jugadores del equipo de futbol, como Gerardo Torrado, tiene preocupados a estos socios, que si bien son 300, se les conoce como el “Grupo de los 20” porque este número de socios fue el que empezó a exigir transparencia a su directiva.

De hecho el vicepresidente, Víctor Garcés Rojo, pretende expulsar de la cooperativa a 19 de estos inconformes, a quienes acusó ante la Comisión de Conciliación y Arbitraje interna “por llevar a cabo labor subversiva y otras violaciones a las bases consecutivas”.

Por su parte, los disidentes, en la demanda de 13 fojas que presentaron ante la SIEDO el viernes 16, denuncian hechos probablemente constitutivos de delito, concretamente operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero. Piden que, si se comprueba la comisión de dicho ilícito, se ejerza la acción penal contra quien resulte responsable.

Según su documento, un grupo de directivos obtiene fondos de manera ilícita, lo envía al extranjero a través de personas físicas y morales, así como de contactos en los sectores financiero y bancario, a fin de ocultar su origen, localización y destino. Este puente financiero ilegal se denomina “Operación Europa”. Posteriormente, algunas sumas son repatriadas para llevar a cabo operaciones inmobiliarias.

Es el caso del predio Andrómeda, donde está la sede de La Cruz Azul en la Ciudad de México, que la Cooperativa compró a sobreprecio en una maniobra realizada por familiares y asesores del director general, Guillermo Álvarez Cuevas, a fin de beneficiarse personalmente en perjuicio de la empresa.

Para este fin, Garcés Rojo, creó la firma Andrómeda Constructores Inmobiliarios, S.A. de C.V., con la participación de su esposa María Gilda Álvarez Cuevas, hermana de Guillermo y de Alfredo, el gerente comercial, y de cinco asesores de la dirección: Jesús Rafael González Callado, Fernando Luis Arista, Roberto Guízar, José Besil Bardawil y Carlos Javier Terroba Wolf (Proceso 1736).

De forma similar se adquirió en León, Guanajuato, el desarrollo habitacional Torres de la Cañada, que consta de dos torres en condominio con 28 departamentos en seis niveles.

Para esas operaciones los directivos “aprovechan actos industriales, comerciales, contratos de seguro y reaseguro, actividades hoteleras y deportivas, así como contratos de compraventa de inmuebles. En esta trama actúan deliberadamente personas físicas y morales, y se utilizan empresas off shore. El grupo de personas físicas incluye empresarios, contadores, arquitectos, abogados y notarios públicos, entre otros”.

Se menciona entre los involucrados al director de la Cooperativa, Guillermo Álvarez Cuevas; Víctor Manuel Garcés Rojo, quien ha sido director jurídico; Ángel Junquera, socio de la firma de abogados Junquera, Sepúlveda, Bugeda y Damián, S.C.; y José Besil Bardawil, socio de la firma de contadores Valera Topete y Asociados.

Se señala también a Carlos Terroba Wolf, operador con representación legal de las empresas off shore Lummar H. Corporation y Blue Eagle Re., domiciliadas en las Islas Vírgenes y en Houston, Texas; David Cohen, socio de Cohen, Espinoza, Zebadúa, Abogados; y Luis Ticó Rosell, socio del bufete Ticó y Luna Lucio.

Por último, se considera implicados a Roberto Guízar Díaz, Guillermo Peredo Merlo, Jesús Rafael González Callado, Fernando Luis Arista Nassar, Victoriano Gutiérrez Valdés y Sergio Barragán Mejía.

En cuanto a las personas morales que intervienen en la “Operación Europa”, se menciona a la Aseguradora Banorte, Oficina Mexicana de Cooper Gay, la suiza Glassiere y la británica ACE.