"La política: he aquí el azote
De los pueblos. Todo lo que
Representa atraso, miseria,
Inequidad proviene de ella o
Ella lo explota, salvando
Su responsabilidad
Con la falacia del sufragio."
Leopoldo Lugones
A lo largo de la semana pasada el Sindicato Mexicano de Electricistas llevó a cabo manifestaciones y bloqueos constantes y prolongados de las calles del Centro de la Ciudad de México.
La actitud de los manifestantes fue ya de abierta agresión a los ciudadanos. El lunes 12 de julio el bloqueo de la avenida de los Insurgentes se mantuvo durante once horas. No sólo los automovilistas se vieron afectados. Miles de usuarios del transporte público tuvieron que caminar largas distancias ante el bloqueo del Metrobús. El martes 13 los miembros del SME apedrearon a usuarios del Metrobús por el pecado de querer llegar a sus trabajos.
El miércoles 14 el secretario de gobierno del Distrito Federal, José Ángel Ávila, declaró que no se tomaría ninguna medida para impedir las manifestaciones y bloqueos del SME.
El jueves 15, consciente de las posibles consecuencias electorales de la cotidiana agresión a la población, el jefe de gobierno Marcelo Ebrard hizo un llamado a Martín Esparza, líder del SME, para que dejara de afectar a los ciudadanos con sus protestas. La respuesta el viernes 16 fue la realización de nuevas marchas y bloqueos que paralizaron el Centro de la ciudad. A pesar de que solamente participaban unos mil militantes del SME, la Policía capitalina no se atrevió a intervenir, ni siquiera cuando los manifestantes atacaron con cohetones las instalaciones de Televisa en avenida Chapultepec o cuando destruyeron parcialmente un vehículo de la Comisión Federal de Electricidad y otro del periódico Milenio.
El viernes por la tarde el líder del SME finalmente ofreció a Ebrard una tregua que durará mientras se mantenga un diálogo con la Secretaría de Gobernación.
Las posibilidades de que haya algún acuerdo con Gobernación son, sin embargo, virtualmente nulas. El Gobierno Federal no echará para atrás una costosa extinción de Luz y Fuerza del Centro que la propia Suprema Corte de Justicia ha avalado como legal y constitucional. Pedir, por otra parte, que la Comisión Federal de Electricidad absorba a todo el personal de Luz y Fuerza en los términos del contrato colectivo que llevó a la quiebra a esta empresa sería tanto como inyectarle una dosis de VIH a la Comisión.
Surge así la pregunta de qué ocurrirá cuando termine la actual tregua. El Gobierno Federal no puede acceder a los términos del SME y el Gobierno capitalino no puede o no quiere detener los abusos del SME contra los ciudadanos. Esto significa que, al parecer, los capitalinos seguirán siendo objeto de una campaña terrorista por parte del SME sin que ninguna autoridad, ni la federal ni la de la Ciudad de México, estén dispuestas a defenderlos.
La situación jurídica de las protestas en nuestro país, particularmente a raíz de que la Suprema Corte de Justicia determinó que es legal cometer agresiones siempre y cuando éstas se produzcan en el marco de una protesta social, ha dejado indefensos a los mexicanos frente a los grupos políticos que organizan y financian las manifestaciones.
Al parecer la única arma legal con la que contamos los ciudadanos es el voto que nos permitiría desplazar del poder a los políticos que no defienden a los ciudadanos. Pero los comicios se llevan a cabo solamente una vez cada seis años y la legislación electoral les da un monopolio a los partidos políticos para mantener el poder sin importar la insatisfacción de la sociedad. La opción ilegal es responder a la violencia con violencia.
MILITANTES
Entre mil y dos mil militantes participaron en las movilizaciones del SME la semana pasada. Si según cifras oficiales faltan 18 mil por recibir su indemnización, y hay además 20 mil jubilados, todo parece indicar que el SME ha perdido el apoyo de casi todos los ex trabajadores, aunque los que tiene son suficientes para desquiciar a la Ciudad de México.
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