Ninguna de las tres queretanas otomíes que fueron acusadas de haber secuestrado a seis elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) han recibido apoyo alguno de parte de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).
Ni Jacinta Francisco Marcial, quien obtuvo su libertad el 16 de septiembre del año pasado, como tampoco Alberta Alcántara Juan ni Teresa González Cornelio, quienes siguen en prisión, han obtenido respaldo alguno, ni económico ni político ni jurídico.
De acuerdo a lo revelado por Alberta Alcántara, a Jacinta Francisco Marcial nadie le ha respaldado ni económica ni socialmente.
"Ni siquiera le han dado un 'usted disculpe' ni la han apoyado para que se levante económicamente".
Sin embargo, el delegado para Querétaro y Guanajuato de la Comisión para los Pueblos Indígenas de Querétaro (CDI), Aurelio Cigala Páez, aseguró que a Jacinta, al igual que a Alberta, se le apoyó económicamente.
A la primera, para que pudiera reiniciar su negocio de paletas y helados, mientras que a la segunda, para la crianza de borregas.
Entrevistado en la ciudad de Querétaro, Aurelio Cigala afirmó que a las indígenas otomíes se les ha incluido en los proyectos productivos que maneja la CDI, incluso refirió que a los familiares de Alberta se les gestionó un crédito por 110 mil pesos para que comprara borregas, pues tuvieron que vender las 30 que tenían, además de las cien gallinas y 30 guajolotes, para sufragar los gastos de su defensoría.
