¿De qué sirve un gobierno que no puede garantizar los servicios más elementales a los ciudadanos que lo mantienen con sus impuestos? La pregunta surge a raíz de dos graves problemas regionales que han acaparado la atención de la opinión pública en los últimos días, a saber: los altos niveles de arsénico en el agua potable y la imparable ola de robos y asaltos que azota a varias colonias. En ninguno de los dos casos, las autoridades han mostrado la seriedad y capacidad que los asuntos ameritan. La indolencia se ha convertido en política pública; con ella, los gobernantes pretenden deslindarse de su responsabilidad para dejar en manos de la sociedad la solución de los problemas. ¿Para qué están ellos, entonces?
El Siglo de Torreón publicó hace unos días que, de acuerdo con el monitoreo más reciente de las norias del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas), el 24 por ciento de los pozos rebasan el nivel máximo permisible de arsénico en agua establecido en la norma oficial mexicana correspondiente, cuando hace tres años sólo el 16 por ciento se encontraba en esta situación.
Como era de esperarse, la publicación de estos números generó una serie de reacciones entre ambientalistas, empresarios y ciudadanos en general. Hasta ahora, la respuesta de las autoridades involucradas en el tema, sobre todo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS) y el Simas, ha sido pobre. Al principio, los representantes de los organismos acordaron llevar a cabo una reunión para discutir el tema y encontrar posibles soluciones; no obstante, de forma inexplicable, dicha reunión fue suspendida sin que hasta el momento se haya anunciado una nueva fecha.
Para todos es claro que el origen del problema está en la sobreexplotación del manto acuífero, derivada de la torpe visión económica de mantener en el semidesierto a la cuenca lechera más grande del país. No obstante, el organismo encargado de regular esta situación, la Conagua, no ha actuado con la suficiente firmeza. Por su parte, la CEAS y el Simas han sido omisos en la búsqueda de alternativas para mitigar, aunque sea temporalmente, el daño a la salud de los consumidores.
Además, la empresa municipal de agua y la Secretaría de Salud estatal, esta última quien debe revisar los resultados de los análisis que aquélla proporciona, han manejado el asunto del arsénico con poca transparencia. Debido a que el hidroarsenicismo es un problema de salud pública, ambas dependencias están obligadas a dar a conocer periódicamente los monitoreos realizados, lo cual no ha ocurrido. Sólo bajo la presión de los medios de comunicación es como se ha podido conocer los datos arriba citados.
Y mientras la autoridad sanitaria se mantiene en un incomprensible mutismo respecto al impacto que ha tenido en la salud de las personas la ingesta de agua con altos niveles de arsénico, el Simas se ha conformado con recomendar a los ciudadanos que beban agua embotellada en vez de la que sale de sus llaves. Es decir, además de pagar por el deficiente servicio que ofrece el organismo operador, los torreonenses tienen que desembolsar una cantidad extra para poder contar con líquido apto para consumo humano, lo cual una gran parte de la población no puede hacer porque su raquítico bolsillo no se lo permite.
El desempeño que han tenido los gobiernos en el combate a la delincuencia en la región no ha sido mejor. La imparable ola de robos en las colonias de clase media y media alta y la falta de respuesta de las autoridades han orillado a los ciudadanos a buscar alternativas por sus propios medios. Así, habitantes de sectores como Las Margaritas, Los Ángeles, Villa Jardín, Nuevo San Isidro y Ampliación La Rosita se han organizado para protegerse de la delincuencia. La intención manifiesta ha sido la de cerrar las calles, ya sea levantando bardas o abriendo zanjas para reducir los accesos y evitar así la entrada de personas ajenas a las colonias. Una medida extrema y cuestionable, pero entendible en un grupo de personas que ha sido víctima constante de asaltos violentos y robos y que no encuentra ayuda alguna de parte de quienes, se supone, tienen como obligación brindarla.
La reacción de las autoridades locales ha sido por demás desarticulada. Mientras declaran que no permitirán el cierre de calles piden a los ciudadanos que contribuyan más con la seguridad de su sector. El colmo de esta situación es el caso de la colonia Ampliación La Rosita en donde los vecinos se comprometieron a juntar dinero para comprar una patrulla, arreglar la caseta policiaca y contratar seguridad privada. El Ayuntamiento, por su parte, prometió aumentar los patrullajes y aplicar el programa "vecino vigilante". Tal parece que, al igual que en el tema del agua, el Gobierno Municipal pretende dejar a los colonos la responsabilidad de su seguridad. ¿Qué más quieren? ¿Que los ciudadanos comiencen a armarse?
Lo que ambos casos ponen en evidencia es que la realidad ha rebasado por mucho a las autoridades, y en su indolencia -a veces hasta cinismo-, éstas pretenden olvidarse de su responsabilidad para decirle al ciudadano que, prácticamente, le haga como pueda. Si ésa va a ser la política a seguir ¿por qué pueden seguir entonces cobrando un sueldo como servidores públicos? Si ahora seremos nosotros los que resolveremos nuestros problemas ¿para qué pagarles a ellos? Si no van a ayudar, pues que tampoco estorben.
