Uno de cada tres asuntos que llegan al pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) tiene que ver con el uso, por parte de las dependencias de gobierno, del argumento de que no existen los datos que se les solicitan.
En el periodo de enero a mayo de 2009, el 12.8% de los recursos que se presentaron ante el pleno del IFAI fue por ese motivo. Este año, la proporción se elevó a 29.9%.
La comisionada presidenta del organismo, Jacqueline Peschard, considera que la mayoría de las veces el argumento de "información inexistente" responde a la desorganización de los archivos de las dependencias gubernamentales y a que éstas no tienen la cultura de documentar sus actividades.
"Cuando los instruimos a realizar una nueva búsqueda exhaustiva, en un 58 por ciento de los casos sí encuentran la información solicitada", comentó en entrevista.
"No hay en general una cultura del ejercicio de una función pública, y en particular de tiene que estar documentada. En México, durante mucho tiempo, el servidor público pensaba que todas las decisiones que había tomado eran suyas, y por lo tanto los documentos que avalaban esas decisiones eran suyos. Agarraba sus papelitos y se iba con ellos", apuntó.
Este año, el IFAI ha ordenado realizar una nueva búsqueda exhaustiva a dependencias como la Sedena, la PGR, la SRE, el IMSS, el ISSSTE y Pemex, entre otras.
Entre enero y mayo, las dependencias federales negaron información a 4 mil 379 solicitantes con el argumento de que los datos no existían.
RESISTENCIA Para Gerardo Ballesteros, especialista del área de transparencia del Centro de Análisis e Investigación Fundar, el uso recurrente del argumento de información inexistente de las dependencias federales no es sino un indicador de la poca disposición institucional a superar la opacidad.
"Es es una reacción frente a lo que sería un eje de transformación hacia la información y transparencia".
Históricamente, indicó, las oficinas gubernamentales no han elaborado su información para comunicarla, sino únicamente para comprobar sus gastos ante la Secretaría de Hacienda. Los funcionarios, consideró, tienen una errónea concepción de la rendición de cuentas, pues creen que si no disponen del documento que se les solicita están exentos de informar.
Por otra parte, reprochó, las dependencias pretenden que los ciudadanos proporcionen el nombre exacto del documento que solicitan.
"Nosotros no tenemos porqué saber cómo se llaman sus documentos. Ese es un asunto de técnica interna. Los ciudadanos no tenemos que volvernos expertos en sus términos documentales", remarcó.
Ivonne Beltrán, ex funcionaria de la Unidad de Enlace de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), reconoció que en muchas dependencias no existe un compromiso real con la transparencia.
"No lo hacen para ayudar a los ciudadanos o para dar bien la información, ni para que la información esté bien organizada. Muchas veces lo hacen porque lo marca una Ley", apuntó.
