Sin prisas. El titular de la SFP, Salvador Vega Casillas, dijo que en las investigaciones sobre la venta de datos personales no hay plazos para entregar resultados porque 'se tienen que abrir varios frentes'.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que de confirmarse la participación de funcionarios federales en la venta de datos personales, se podrían aplicar sanciones que van desde la inhabilitación hasta por 20 años, multas económicas y sobre todo acciones penales.
En entrevista, la subsecretaria de Atención Ciudadana de la SFP, Elizabeth Yáñez, reconoció que el caso, además de representar un asunto de seguridad nacional, pone en riesgo los derechos de cualquier ciudadano.
Explicó que tras la queja presentada por la comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), Jacqueline Peschard Mariscal, ante la SFP, se dio curso en tres instancias federales para investigar a fondo sin la posibilidad de que el expediente sea archivado.
- ¿Cuál es la ruta que lleva este proceso de investigación?
-Tenemos la obligación de darle seguimiento a cualquier denuncia que recibamos, y en el momento en que Jacqueline Peschard, consejera presidente del IFAI, nos mandó un oficio, en el que informa sobre la oferta de base de datos (en la calle), entonces tenemos que ver las áreas que podrían resultar afectadas.
Explicó que hay temas que le corresponden a la Procuraduría General de la República (PGR), a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) o a la de Comunicaciones y Transportes (SCT), y que por ello, ya se dirigieron las denuncias a los órganos internos de control responsable de cada una de estas dependencias.
