Análisis. Aspecto de una sesión de la La Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) iniciará este lunes la revisión y discusión del proyecto de sentencia que elaboró el ministro José Ramón Cossío, en el que propuso avalar la reciente reforma electoral del estado de México, mediante la cual se eliminó la figura de candidaturas comunes.
Los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN), del Trabajo (PT) y Convergencia impugnaron ante la Corte la reforma mexiquense por considerar que viola diversos principios garantizados por la Constitución.
A partir de sus demandas, la Corte revisará si registraron vicios al procedimiento legislativo; la reducción de los tiempos de las campañas electorales y las precampañas; la desaparición de la candidatura común; y la modificación al monto del financiamiento que corresponde a cada partido político por actividades ordinarias.
Pero todos estos temas, los revisarán los ministros a partir del proyecto que elaboró Cossío, quien llegó a la conclusión de que los juicios de acciones de inconstitucionalidad que promovieron el PRD, PAN, PT y Convergencia carecen de fundamento, pues las modificaciones implementadas en el Estado de México no vulneran la Constitución federal.
En la lista de asuntos que la Suprema Corte programó para la semana, los juicios relacionados con la reforma mexiquense aparecen en segundo término, después de un caso que se conoce como incidente de inejecución de sentencia.
Desde antes de que impugnaran la reforma, el panorama para los partidos opositores lucía complicado, especialmente en el tema de la eliminación de las candidaturas comunes, porque desde enero la Corte determinó que los congresos de cada estado pueden decidir libremente si permiten o no este tipo de candidaturas.
La Corte emitió esta decisión al validar una reforma que se implementó en Guanajuato, similar a la mexiquense, pero desde 2009, mediante la cual también se eliminó la figura de candidaturas comunes para que el PAN no perdiera municipios en disputa.
Para tratar de revertir este fallo, el PRD contrató los servicios de uno de los despachos privados de abogados, que cuentan con la participación de los abogados Gonzalo Aguilar Zínser y Fabián Aguinaco.
La estrategia por dicho despacho se concentró en impugnar el proceso legislativo que llevó a la modificación de la Constitución local y del Código Electoral estatal, porque consideraron que se cometieron irregularidades en esta etapa, como cómputos irregulares en los municipios.
También en alegar que con la reforma restringen y anulan derechos de los ciudadanos.
