Detrás del espeso silencio de las empresas hegemónicas sobre la propuesta de reformas a la Ley Federal de Competencia Económica planteada por el presidente Felipe Calderón, se ubica una sutil crítica a éste por no haberlas consultado en la fase previa.
Se diría que el vacío, pese a la amenaza de cárcel y multas multimillonarias, es una forma de subrayar en las entrelíneas el desconocimiento total de la iniciativa.
Lo grave del caso, además, es que tampoco el Ejecutivo cabildeó previamente con las fracciones opositoras en el Congreso para garantizar los votos suficientes a fin de cuajar la propuesta.
Vamos, ni siquiera con el PRI que representa la fracción más numerosa de la Cámara Baja, a la que se asignó como asiento de origen de la iniciativa.
Peor aún, tampoco buscó el consenso del partido Acción Nacional, al punto de desconocer, y de pasadita sabotear, una iniciativa previa colocada en la mesa por el senador Santiago Creel, con la novedad de que ésta planteaba sanciones aún más drásticas.
La zancadilla, naturalmente, provocó la ira de gran parte de la bancada quien, por lo pronto, le está dando cancha a la oposición para realizar un champurrado en el que la iniciativa calderonista se integraría como una más.
Lo dramático del asunto, es que no es el único caso. Tampoco hubo consenso con los sindicatos para plantear la propuesta de reformas a la Ley Federal del Trabajo, lo que provocó su bombardeo antes de siquiera realizar un análisis de fondo.
Naturalmente, también al PRI y el PRD les cayó en ayunas.
Y si le seguimos, la alternativa pasó por encima de otra planteada en diciembre pasado por la fracción panista, en alarde de descoordinación, o quizá de prepotencia.
Aquí sólo mis chicharrones truenan.
La propuesta la colocó en la mesa de la Comisión Permanente, la senadora Emma Laura Larios Gaxiola.
El eje, el meollo, el epicentro de ésta apuntaba al propósito toral de la iniciativa que bajo el nombre del Ejecutivo promovió y redactó la Secretaría del Trabajo, es decir exigir la rendición de cuentas de los sindicatos, promoviendo su democratización y frenando de la simulación en la negociación de revisiones contractuales.
Acotar, pues, los abusos que han permitido los cacicazgos eternos; el enriquecimiento insultante de la dirigencia y, de pasadita, la esclavitud de los trabajadores.
El planteamiento hablaba de exigir auditorías externas para transparentar el uso de las cuotas sindicales y, naturalmente, los "apoyos" que le otorgan tanto las empresas públicas como las privadas a los órganos de representación de los trabajadores.
La obligación hablaba de celebrar asambleas generales ordinarias cada seis meses.
Más allá, se establecía la exigencia de que la elección de los dirigentes se realice mediante voto secreto y directo, en contrario a la mano alzada que inhibe la voluntad de los votantes.
La exposición de motivos hablaba de que "la rendición de cuentas forma parte de los instrumentos para controlar a los líderes de los sindicatos para que cumplan con transparencia, honestidad, eficiencia y eficacia el mandato hecho por los agremiados".
En el caso de los sindicatos oficiales, a los que no toca la iniciativa calderonista, se preveía una acción revisora permanente de la Auditoría Superior de la Federación para vigilar el destino de los "donativos" regulados por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
De entrada, éstos deberían identificarse especialmente en una subcuenta, reportándose informes trimestrales para transparentar los egresos y, en su caso, los rendimientos financieros obtenidos.
Como usted sabe, tanto Pemex como la Comisión Federal de Electricidad, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Educación Pública, le otorgan a sus sindicatos cientos de millones de pesos para supuestos programas de capacitación; remodelación de sus instalaciones; compra de artículos o implementos deportivos, y festivales.. Ya el día del médico, de la enfermera, del maestro, el aniversario del líder...
Se diría que el Ejecutivo la jugó toda a justificarse ante la opinión pública, con cargo a la simpatía electoral, dejando al viento el destino de sus iniciativas. Yo ya cumplí. Los villanos, pues, son los legisladores.
La noticia es que el juzgado sexto en Materia Administrativa de la Ciudad de México le dio entrada a un amparo interpuesto por un consorcio integrado por las empresas PC2 Construcciones, China Southern Railroard y Zhuzhear Electric Cocomo, en contra del proceso de adjudicación de un lote de trenes de rodadura férrea para la línea 12 del Metro.
La protección apunta a dos vías: detener el procedimiento y obligar al Gobierno capitalino a transparentar el status de éste.
La exposición de motivos habla de silencio ante una solicitud planteada en enero pasado.
El consorcio, encabezado por Carlos Orozco, asegura que el convocante soslayó la documentación que garantizaba un financiamiento por parte del banco China Development.
Un dardo más contra el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard.
MODELO PARALIZADA
A la callada, al amanecer del mes que corre el Sindicato Único de Trabajadores de la Compañía Cervecera del Trópico, filial del Grupo Modelo, promovió una huelga en la planta de Tuxtepec, Oaxaca, cuyo peso específico es vital para el consorcio.
Los trabajadores alegan que la firma no ha cumplido con diversas prestaciones pactadas en el Contrato Colectivo de Trabajo, además de algunos intentos de la firma cervecera hegemónica de desaparecer al órgano representación laboral.
De hecho, hablan de que se estaría preparando un golpe como el realizado hace algunos años en la planta ubicada en Lago Alberto, donde la contratación de "porros" provocó una represión brutal, con saldo de una docena de heridos.
Del otro lado de la mesa, la empresa que encabeza Carlos Fernández, señala que el sindicato se aferra a negociar asuntos ajenos a la agenda de la revisión contractual.
Con una nómina de mil 100 trabajadores, la planta de Tuxtepec produce la mitad de la cerveza que exporta el grupo.
PURA CHUNGA
Aunque en el último minuto del plazo fatal las empresas de telefonía celular le enmendaron la plana a la Comisión Federal de Telecomunicaciones al registrar por su cuenta a los teléfonos celulares de postpago que no lo habían hecho, aprovechando los datos que tenían en sus archivos, y que ésta soslayó, el común denominador de las inscripciones es la chacota.
La mayoría utilizó nombres y datos ficticios para cubrir el trámite, en afán de exhibir la pobreza del esquema y su instrumentación.
Más aún, la propia Cofetel se metió al relajo al programar recuentos mentirosos, en afán de inflar el padrón. La lección ejemplar que se le quería dar a la ciudadanía, pues, se volteó contra el Gobierno.
El plebiscito de la confianza.
