Cuatro años después, decenas de litigios por delante, la Comisión Federal de Telecomunicaciones envió a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria para su aprobación un "modelo de costos", que en el papel servirá de base para fijar tarifas de interconexión en el ámbito de telefonía.
La anhelada posibilidad de una fórmula salomónica frente a la exigencia de recuperación de inversiones de las firmas hegemónicas para construir redes y la necesidad de las empresas que las emplean de evitar la asfixia, llega en un escenario de todos contra todos.
De entrada, hace unos días la instancia reguladora del sector le dio la razón a Axtel en un reclamo de abuso por parte de la Telefónica México en sus tarifas de interconexión, obligándola a bajarlas en 54 por ciento, lo que originó una protesta airada de la afectada.
La paradoja del caso es que en la coyuntura Nextel sacó la cabeza para señalar que un monto justo implicaría reducir 50 por ciento.
El caso más espectacular, empero, coloca en el ring a Marcatel y a Teléfonos de México, en un tira-tira que alcanza ya un lustro.
David contra Goliat en un escenario en que el primero llegó al extremo de plantear ante un juez un escenario tarifario que a su juicio era el adecuado, con la novedad de que éste tácitamente lo aprobó, al concederle un amparo contra las reglas endebles de la Cofetel.
Cobijada en la resolución la firma encabezada por Gustavo M. de la Garza le ha pagado a la del magnate Carlos Slim apenas un porcentaje del monto fijado por éste... con la novedad de que otro juez acaba de derribar ésta, lo que coloca a Marcatel en el callejón con una deuda multimillonaria.
En el ping-pong, la firma ha planteado una decena de denuncias contra Telmex por negativa de interconexión, lo que le sirve de pretexto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para negar la posibilidad de cuádruple play a la firma hegemónica, es decir agregar video a su canasta de servicios para estar en igualdad de condiciones con Televisa.
El caso es que el nuevo escenario para ubicar las tarifas lo diseñó la Cofetel con base a una consulta que se prolongó durante 36 meses ante la disparidad de tirios y troyanos. Naturalmente, el caos lo provoca un grave vacío jurídico, al desplazarse a la autoridad de su irrenunciable tarea de equilibrio.
Hete aquí que de acuerdo al título de concesión otorgado a Teléfonos de México para operar tras su privatización, éste debía plantear cada cuatro años, a partir del 30 de junio de 1994, una propuesta de tarifas para servicios controlados, "que reflejaran los costos incrementados" de la construcción y mantenimiento de su red.
El planteamiento se haría con 180 días de anticipación a la entrada en vigor de cada nuevo escenario, con la novedad de que si en 90 días no habría acuerdo sobre el monto, se solicitaría la opinión de tres expertos "de reconocido prestigio en la materia", nombrados uno por el concesionario, otro por la SCT y un tercero de común acuerdo.
La decisión del panel le daría pauta a la Secretaría para tomar una decisión.
El caso es que el supuesto modelo salomónico, que le da vía a la dependencia para lavarse las manos, naufragó escandalosamente.
Actualmente, por ejemplo, la tarifa por terminación de llamadas en telefonía celular está casi en los últimos lugares de América Latina, lo que mantiene viva una protesta de las firmas con opción de interconexión, es decir Telcel y Telefónica México, léase Movistar. Estamos hablando de 8.2 centavos de dólar por minuto, frente a los 27.5 que se cobran en Perú; los 23.5 de Brasil; los 18 de Uruguay; los 14.8 de Panamá; los 12.2 de Nicaragua; los 10.8 de Venezuela, o los 8.7 de Argentina.
Ahora que del otro lado de la moneda en Guatemala el costo es de 1.8; en Ecuador de 6.4, y en Colombia de 7.1.
La explicación de la Cofetel es que se basa en un modelo hipotético de "empresa eficiente", cuyos parámetros los desconoce el sector, con la novedad que del otro lado de la moneda se habla de desconocer los costos de la parte tercera perjudicada.
La pregunta en sí al fin se ubicó el justo medio que evite hacer mayor la catarata de litigios ante la ausencia de autoridad.
BALANCE GENERAL
Concebidos como instrumentos de capitalización de la empresa pública, es decir una suerte de acciones aunque sin cotización en el piso de remates, la gran pregunta es cuál será el atractivo para colocar en el gran público los llamados Bonos Ciudadanos de Pemex.
Dicho con todas las letras, qué garantizaría ya no sólo un rendimiento, sino la posibilidad de evitar su depreciación frente a una emisora ubicada en quiebra técnica, cuyas pérdidas acumuladas causan escalofrío.
¿Le jugarán las Sociedades de Inversión de las Administradoras de Fondos para el Retiro sólo a las expectativas? ¿Se tasará el rendimiento de los papeles sobre la base de resultados antes de impuestos?
¿PRIVATIZACIÓN DEL IMSS?
Impulsada por el diputado Julio César Aguirre Méndez, la Cámara de Diputados analiza la posibilidad de llevar al pleno un punto de acuerdo para exhortar al Secretario de Salud a transparentar los ejes de la reforma al sector planteada por la Fundación Mexicana para la Salud.
La sospecha, planteada en la exposición de motivos, apunta a que se estaría abriendo la puerta a la participación privada en los servicios públicos de salud en el país. Textualmente, se anota que "preocupa sobremanera que la intención se fuera a enfocar hacia el IMSS, producto de intensas luchas obreras que lograron integrar a la Constitución la responsabilidad de los patrones y el Estado para garantizar la seguridad social de la población".
Lo cierto es que la propuesta de Funsalud apunta justo a lo contrario, es decir reforzar las instancias de seguridad social para garantizar la intención de implantar un seguro universal.
Hasta hoy el Seguro Popular ha descansado en la infraestructura del IMSS, lo que agrava sus problemas financieros.
CRECE FERROMEX
Alentada por el crecimiento en el tráfico del puerto de Manzanillo, cuyo volumen llegaría este año a 1.5 millones de contenedores, la empresa Ferromex está incrementando su capacidad operativa hacia la terminal del Valle de México, con 14 trenes semanales.
La posibilidad la logró la compra de 104 locomotoras que se suman a las 564 en existencia.
En el nuevo escenario Manzanillo acaba de poner en operación un nuevo patio ferroviario de 50 kilómetros con capacidad de 10 plataformas para soportar 200 contenedores cada una.
Ferromex, filial del Grupo México de Germán Larrea, ha invertido de 1998 a la fecha mil 916 millones de dólares.
JOYITA DE GASERA
Suspendida su actividad por resolución judicial desde hace meses, y colocada en sus puertas una bandera rojinegra, hete aquí que la firma Star Gas con sede en Ensenada, Baja California, continuaba operando sin problema alguno, lo que obligó a un grupo de trabajadores despedidos sin indemnización al calce a tomar hace unos días las instalaciones.
La gasera propiedad del Grupo Damiano, encabezado por Antonio Damiano Sacristán, ha sido acusada de no cubrir la renta de los terrenos en donde se asienta, además de no contar con las provisiones requeridas para enfrentar una eventual contingencia.
El caso es representativo de la laxitud con que el gobierno le está dando luz verde a nuevas empresas del ramo sin certificar su cumplimiento de la normatividad.
