Contra. El diputado Silvio Lagos, los senadores Carlos Trenti, Adolfo Toledo, el diputado Carlos Ramírez y la senadora Socorro García.
Diputados y senadores del PRI presentaron una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) por la probable colusión de funcionarios que llevaron al titular del Ejecutivo federal a nombrar a Mony de Swaan comisionado de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, sin cumplir con los requisitos de ley.
El senador Fernando Castro y el diputado federal Jorge Carlos Ramírez Marín aseguraron que el nombramiento de Swaan no cumple los criterios establecidos en el marco jurídico, por que sus conocimientos y experiencia profesionales no tienen relación con el sector de las telecomunicaciones.
El nombramiento fue llevado a cabo en forma dolosa o al menos negligente, aseguraron los legisladores, pues el articulo 9-C de la Ley Federal de Telecomunicaciones, señalan que los comisionados designados por el Ejecutivo federal deben "haberse desempeñado en forma destaca en actividades profesionales, de servicio público o académicas relacionadas substancialmente con el sector".
Destacaron que no existe información alguna sobre la experiencia profesional de Mony de Swaan que permita deducir que su trayectoria y desempeño son destacados en el sector, y que tampoco en sus estudios hay antecedentes, ya que es licenciado en Relaciones Internacionales.
Fernando Castro explicó que si bien el Senado, por resolución de la Suprema Corte perdió su facultad de ratificar a los funcionarios de la Cofetel, el máximo Tribunal no suprimió los requisitos legales establecidos para acceder a un cargo de esa naturaleza.
"Es falso que el Ejecutivo pueda conducirse con entera libertad respecto de 'todos' los servidores públicos adscritos a áreas que le resultan dependientes, pues le resultan de observancia obligatoria en el nombramiento del comisionado de la Cofetel el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos planteados por el artículo 9-C", destaca la denuncia.
Los legisladores consideraron relevante que la autoridad investigue la forma deliberad y conciente en combinación con uno o más servidores públicos, en que se condujo al titular del Ejecutivo federal al suscribir un acto administrativo que no correspondía a la realidad, ni se apegaba al artículo 9C.
Afirmaron que es facultad judicial determinar que el nombramiento de Mony de Swaan cumple con los requisitos legales.
