"La justicia no es otra cosa que la conveniencia del más fuerte."
Platón
Por el bien de la credibilidad de la PGR, y por el bien de la seguridad de todos los mexicanos, espero que en esta ocasión no se hayan equivocado. Apenas ha pasado un año del michoacanazo del 26 de mayo de 2009, el cual llevó a la detención de una veintena de presidentes municipales y funcionarios del Gobierno de Michoacán, principalmente del PRD, muchos de los cuales han sido ya liberados por no haberse comprobado las acusaciones en su contra. La PGR detiene ahora a Gregorio Sánchez, candidato del PRD, PT y Convergencia al Gobierno del estado de Quintana Roo.
Según Jesús Ortega, presidente nacional del PRD, las acusaciones son una vez más producto de testigos protegidos. Afirma que un primer juez en Toluca rechazó las pruebas en contra del candidato; pero que la Procuraduría, en lugar de apelar la decisión, optó por buscarse otro juez que sí aceptara esas pruebas. Fue así como el caso fue a parar al segundo juzgado de distrito de lo penal en Nayarit.
La PGR muestra confianza en sus pruebas y testimonios. Greg Sánchez está siendo acusado por delincuencia organizada, delitos contra la salud y uso de recursos de procedencia ilícita. La querella por este último delito, mejor conocido como de lavado de dinero, fue promovida en febrero por la Secretaría de Hacienda. Los gastos de Greg no coincidían con sus ingresos declarados.
El 3 de mayo, dice la PGR, el candidato ya había testificado como indiciado. Se había comprometido a presentar una declaración adicional por escrito que nunca ofreció. No debería ser ninguna sorpresa para nadie que se aproximaba una orden de aprehensión.
Niurka Sáliva de Sánchez, la esposa del candidato, afirma: "Llevaban un mes avisándonos de que si no dejaba la candidatura nos iban a hacer algo." Ortega añade que el gobierno de Quintana Roo había tomado una serie de medidas tratando de impedir la candidatura del controvertido ex presidente municipal de Benito Juárez (Cancún). Una de las medidas fue un cambio a la Constitución estatal para aumentar el número de años de residencia para ser gobernador. El único posible destinatario era Sánchez. La Corte declaró inconstitucional la enmienda.
La actual aprehensión, señala Ortega, es una muestra de que el Gobierno priista de Quintana Roo y el panista de la Federación estaban decididos a todo para detener a Greg. No deja de ser paradójico, sin embargo, que el PRD y el PAN están aliados en otras contiendas.
Por lo pronto el PRD ha anunciado que mantendrá la candidatura de Greg. Antes esto habría sido imposible. Una acusación penal bastaba para despojar a cualquiera de sus derechos políticos. Pero ya la PGR no se atrevió a consignar a Andrés Manuel López Obrador por su desacato en el caso del predio del Encino. Desde entonces el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sentado el precedente en varios fallos, el último el del candidato panista al Gobierno de Aguascalientes, Martín Orozco, que no se puede privar a nadie de sus derechos políticos mientras no haya una sentencia firme en su contra. Greg podrá ser candidato desde la cárcel.
Hasta este momento los ciudadanos comunes y corrientes conocemos poco del caso. Tenemos que aceptar las versiones que ofrecen las partes sin poder corroborarlas. Así funciona la justicia en nuestro país: siempre detrás de cortinas y bambalinas. Esta es una de las razones por las que tiene tan mala reputación.
Yo espero que en esta ocasión la PGR tenga más pruebas que unas simples declaraciones de testigos protegidos o pagados. Hace ya mucho tiempo quedó claro que estos testigos dicen lo que quiere quien les paga.
Una Conagua panista rechaza el proyecto de la Supervía Poniente de un Distrito Federal perredista. Una vez más parece que los temas fundamentales del país se partidizan. Es una pena. Los funcionarios deberían pensar en los ciudadanos y no en sus partidos.
Www.sergiosarmiento.com
