"Los testigos protegidos en México no son protegidos, no se protege simplemente su identidad, son testigos beneficiados."
Juan Velásquez
No sé qué me preocupa más. Que un político haya podido prestar protesta como diputado federal a pesar de contar con una orden aprehensión en su contra por el delito de narcotráfico o que tantos de los que fueron detenidos cuando se inició la persecución en su contra hayan quedado en libertad por falta de pruebas después de pasar más de un año en la cárcel.
El simple hecho de que Julio César Godoy Toscano haya podido prestar juramento como diputado es un ejemplo de lo compleja y a veces absurda que resulta la administración de justicia en nuestro país. Godoy obtuvo un amparo de un juez que lo protegió de la pérdida de derechos políticos, pero no ha podido obtener un amparo contra la propia orden de aprehensión. Desde un punto de vista estricto, el nuevo diputado sigue siendo un prófugo de la justicia.
Los esfuerzos de la Policía Federal por detenerlo fueron infructuosos. A pesar de que todos sabían que Godoy trataría de entrar al Palacio Legislativo, los efectivos federales apostados en torno al Congreso no pudieron impedir su acceso. Esto no habla nada bien de la capacidad de la Policía Federal. Una vez adentro, Godoy no podía ser detenido a menos de que lo entregara la propia Cámara de Diputados o que ésta permitiera el ingreso de los agentes federales. Ninguna de las dos cosas ocurrió.
Las propias peculiaridades de nuestro sistema legal le dan ahora a Godoy una protección total. Si bien muchas veces se ha explicado que el fuero legislativo es una protección que se aplica solamente a la expresión de las opiniones de los legisladores, la verdad es que la figura funciona como una protección total para quienes puedan cometer un delito.
En otros países sería imposible que una persona acusada de colaborar con el narcotráfico pudiera actuar como legislador. En México los diputados y senadores quedan protegidos de cualquier acción de la justicia mientras mantengan su posición como legisladores. La impunidad es enorme. Solamente el Congreso puede levantar esa protección al despojar del fuero al diputado o senador.
Antes de empezar a protestar por esta impunidad, sin embargo, vale la pena recordar lo que ha pasado con los políticos y funcionarios públicos michoacanos que sufrieron órdenes de aprehensión al mismo tiempo que Godoy. La gran mayoría está ya libre debido a que nunca hubo pruebas reales en su contra. Como suele ocurrir en los casos de narcotráfico, una combinación de declaraciones de testigos pagados o beneficiados y de "mala leche" de la autoridad llevaron a estas acciones legales. Lo triste es que estos hombres y mujeres perdieron más de un año de su vida en la cárcel mientras se dilucidaba su responsabilidad. Hay buenas razones para pensar que Julio César Godoy también era inocente, sólo que por haber permanecido prófugo no ha habido todavía una oportunidad para que un juez analice el caso.
Las acciones legales que surgieron del "michoacanazo" parecen haber sido producto de una gran estupidez de las autoridades o de una decisión política inaceptable en cuestiones de procuración de justicia. Nos revelan una vez más los riesgos de la dependencia que tienen las autoridades mexicanas de los testimonios de testigos pagados o beneficiados. A pesar de que éstos han demostrado una y otra vez ser absolutamente faltos de confianza, las autoridades siguen pensando que sus declaraciones son el instrumento ideal para aumentar las listas de detenidos en la guerra contra el narcotráfico.
Quizá México no está registrando buenos lugares en los índices de competitividad que preparan los economistas, pero ha tenido en los últimos meses un crecimiento sostenido de sus exportaciones de manufacturas. Éstas se colocaron en 22,866.4 millones de dólares en agosto, el máximo nivel de la historia. Ha sido particularmente notable el crecimiento de las exportaciones de la industria automotriz.
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