El lunes pasado tuvo lugar el inicio del primer proceso penal bajo el esquema de Juicio Oral en el Estado de Durango, que dio lugar a una celebración festiva por parte de las autoridades y a un optimismo exagerado cuya justificación aún está por verse.
En palabras del Procurador de Justicia Daniel García Leal, "Se quedaron atrás doscientos años de historia de un sistema ya obsoleto ejecutor y oscuro, ahora se tiene un nuevo sistema caracterizado por la transparencia la prontitud y el respeto a los derechos humanos...".
Es objetable la apreciación que antecede, porque apunta a la vana creencia de que una reforma legal va a funcionar, sin que vaya acompañada de un cambio de actitud de los funcionarios públicos a cargo.
El sistema que se pretende quedar atrás ni tiene doscientos años y si resulta "ejecutor y oscuro" no es por defecto de su diseño legislativo, sino por defecto del factor humano y muy especialmente en virtud del deficiente soporte técnico de las acusaciones del Ministerio Público, que tiene como una de sus causas principales la falta de laboratorios y servicios periciales.
Tanto el sistema viejo penal como el nuevo, contemplan el respeto a los derechos humanos, y dispone que las principales diligencias como declaraciones, testimoniales, careos, reconstrucción de hechos, inspecciones, periciales, etcétera, se desarrollen oralmente y en audiencia pública.
No es correcta en consecuencia la apreciación según la cual el sistema vigente hasta la fecha sea una tenebrosa porquería y si bien es cierto el nuevo sistema ofrece algunos cambios que se espera sean ventajosos, tampoco es una panacea que por arte de magia vaya a conducir a los duranguenses al ideal de justicia.
Si se pierde la objetividad, lo mas fácil es que la reforma legal sea insuficiente como muchas otras en nuestro país que resultan contraproducentes, porque desmantelamos las viejas estructuras y dejamos a medias la creación de otras nuevas que funcionen a plenitud, lo que ha convertido a nuestro país en algo semejante a una casa en cuyo interior permanecen sus moradores, durante un proceso de remodelación arquitectónica inconclusa, con las incomodidades y el riesgo que tal situación conlleva.
El principal problema que enfrenta la Justicia duranguense en la Comarca Lagunera no es el marco legal, sino la falta de atención de las autoridades centrales de Durango Capital, que tratan a los ciudadanos laguneros como de segunda clase y para probarlo he aquí dos botones de muestra.
Acudamos al asiento físico de los Juzgados Civiles y de lo Familiar de Gómez Palacio. Están instalados en la central de autobuses suburbanos que se ubica en la esquina que forman la avenida Allende con calle Urrea, en una parte del inmueble cuyo diseño corresponde a un tianguis comercial.
El lugar de los funcionarios, así como el mobiliario, equipo y archivo de cada Juzgado, están repartidos en cuatro cubículos con una superficie aproximada de quince metros cuadrados cada uno, separados por completo entre sí y atravesados por pasillos abiertos al público que lo mismo tiene acceso a la central de autobuses, al área comercial de referencia que los tribunales comparten con algunos puestos de diverso giro y a los propios Juzgados. Increíble, pero cierto.
En cuanto a los Juzgados Penales que funcionan en el edificio aledaño al Centro de Readaptación Social, desde hace un año se encuentran operando a la mitad de su capacidad, porque una parte de su personal fue trasladado a una Sala Colegida del Tribunal Superior de Justicia que se creó en la región para atender asuntos de segunda instancia, sin previsión alguna sobre el modo de cubrir las vacantes generadas con la movilización del referido personal.
Frente a tales carencias fundamentales, la instauración de los llamados Juicios Orales en el Estado de Durango es ocasión para observar el desarrollo de la experiencia con sentido objetivo y crítico, y no para echar las campanas al vuelo.
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