La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la organización estadounidense American Civil Liberties Union (ACLU) trabajan conjuntamente para evitar posibles violaciones contra migrantes mexicanos en Arizona, Estados Unidos, como consecuencia de la aprobación de la Ley SB1070.
Señaló en un comunicado que para la ACLU esa Ley representa una amenaza no solamente para los migrantes en Arizona, sino para las libertades y los derechos civiles de la población estadounidense con diferentes características raciales que vive o transita por ese estado.
El ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, reiteró su preocupación por la situación vulnerable que enfrentan mexicanos indocumentados en ese estado.
En el documento se destacó que la ACLU es una organización de la sociedad civil en favor de la libertad, que trabaja diariamente en las cortes, legislaturas y comunidades de todos los Estados Unidos para defender y preservar el derecho individual y las libertades que la Constitución y las leyes estadounidenses garantizan a toda persona.
Esta organización, informó la CNDH, se integra por casi 500 mil miembros que desempeñan un papel activo en la promoción de los derechos humanos y cuenta con que atienden casos en las cortes y legislaturas estatales.
La CNDH permanecerá vigilante de la evolución de los acontecimientos y continuará elevando su voz en la promoción y defensa de los derechos de los migrantes en México y en el extranjero.
GOBERNADORES CENSURAN LEY
Por su parte, los gobernadores de Nuevo México y Chihuahua, Bill Richardson y José Reyes Baeza, fustigaron la reciente aprobación de la polémica Ley SB 1070 en Arizona, que fue el punto central de la VII Reunión Anual Binacional entre ambas entidades celebrada en esa capital.
Los mandatarios manifestaron su enérgico rechazo y su preocupación a esa disposición.