De acuerdo a un informe que rindió el Tecnológico de Monterrey el pasado viernes 5 de noviembre, en seguimiento a las propuestas contra la inseguridad que hizo en abril pasado, en los últimos cinco años (2005-2010) los delitos del fuero federal crecieron en 50%; en tanto que los del fuero común, lo hicieron en 11%, es decir, el principal incremento se da en los delitos relacionados con el crimen organizado.
El mismo documento señala que existen 400 municipios que carecen de Policía, es decir, de los 2,536 municipios que existen en el país poco más del 6% no tiene elementos de seguridad propios; y el 88.5% cuenta con menos de 100 efectivos policiales. Para ponerlo en otros términos únicamente 290 municipios cuentan con fuerzas policiacas mayores a los 100 efectivos, esto no quiere decir que sean suficientes y, menos todavía, capacitadas para enfrentar la creciente ola de criminalidad, nada más que al menos tienen más de 100 efectivos.
En esta lógica la propuesta del mando único estatal suena razonable, pues ante la incapacidad de los municipios de brindar seguridad a la población, subsidiariamente la asume la instancia superior: el Estado. Sin embargo, esto que parece muy razonable en términos abstractos se complica en los casos concretos, como el del municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo León, que se niega a aceptarlo porque su corporación tiene estándares (pruebas de confianza, relación policías/habitantes, índices de criminalidad bajos, etc.) muy superiores a los del resto del estado y señala que mientras no le den garantías de que al menos se mantendrán esos niveles ellos no participarán en la fusión.
Dos de los mayores problemas que enfrenta la integración del mando único en México son: la heterogeneidad de los municipios y la ausencia de planeación. Bernardo González-Aréchiga, director de la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública del Tecnológico de Monterrey, el mismo viernes 5 de noviembre al participar en el Foro de Competitividad Internacional, celebrado en Monterrey, esbozó una ruta para atender el primero: "...si el municipio quiere tener una Policía tiene que cumplir con estándares de operación; si no los cumple, entrega la Policía al Estado, y si el Estado no cumple estos mismos estándares, la entrega a la Federación".
Esto permitiría atender la heterogeneidad e, inclusive, no descomponer aquello que sí funciona, como puede ser el caso de las algunas de las policías municipales; pero también permitiría asegurar unos mínimos de seguridad.
Una estructura de esta naturaleza requiere una gran coordinación, pues se puede prever que prevalezcan unas 200 policías municipales; en un inicio 32 policías estatales (seguramente éstas disminuirán, pues es evidente que hay estados que no tienen la capacidad de atender eficazmente esta tarea); y la Policía federal. Esto obliga a establecer responsabilidades, obligaciones, estándares y rutas muy claras; pues antes de empezar la integración de una Policía única a nivel estatal hay que establecer los estándares mínimos que se exigirían: pruebas de confianza, sueldos, etc.; luego la vía para depurar los actuales cuerpos policiacos (indispensable antes de proceder a una integración, pues de lo contrario lo único que se hará es contaminar lo poco que todavía funciona); y, obvio, las formas de coordinación entre las distintas instancias policiacas.
Para establecer las dificultades de la tarea basta revisar, a manera de ejemplo, otros datos que muestra el informe ya referido: sólo tres entidades (Aguascalientes, Baja California y Sinaloa) han aplicado las pruebas de confianza a más de la mitad del personal vinculado a las policías, ministerios públicos y cárceles; otras 6 (Chihuahua, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Morelos y Tabasco) se encuentran entre el 10 y el 50%; y 23 están por debajo del 10%. Esto a pesar de que ha sido un compromiso de los gobernadores y los responsables de seguridad de cada una de las entidades en las diferentes instancias de coordinación.
Y obvio el resultado hoy es desastroso, de acuerdo al mismo informe, de cada 100 delitos cometidos, únicamente se denuncian 22; de éstos, únicamente se inician 15 averiguaciones previas; de éstas, sólo se concluyen 3.9, es decir, más de 11 averiguaciones que inician los distintos ministerios públicos jamás se concluyen; de las 3.9 que sí se concluyen, únicamente 2.11 son consignadas (el otro 1.8, casi la mitad, se determina el no-ejercicio de la acción penal); y de éstos 2.11 consignados, 1.84 son sujetos a proceso; de éstos 1.75 son sentenciados; y sólo 1.56 son condenados. Así de cada 100 delitos que se cometen en México, únicamente se castiga 1.56; el nivel de impunidad es de 98.44%.
Por otra parte, los índices de percepción de la inseguridad también crecen y el nivel de confianza de que se le está ganando la batalla al crimen disminuye. Un estudio realizado por el Pew Research Center muestra que de abril de 2009 a abril de 2010 el porcentaje de mexicanos que considera que hay un progreso en el combate al crimen organizado disminuyó de 66 al 55%, mientras los que piensan que se está perdiendo terreno, subió de 15 a 22%.
Los números (tanto las estadísticas duras como las encuestas de percepción) muestran que hay que buscar nuevas alternativas y el llamado mando único es una posibilidad, sin embargo, una buena idea se puede echar a perder en su implementación y, hoy por hoy, las entidades federativas que están avanzando en ello (como es el caso de Nuevo León) no parecen tener una adecuada planeación. La solución parece ser correcta, pero hay que implementarla bien.
