La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) intentó hacerse de la vista gorda pero no pudo. Entrevistado después del tristemente célebre accidente en el que una persona murió calcinada, luego de que su auto fue impactado por el que conducía David Ramírez Tuero, el ahora fiscal General del Estado, Ramiro Ortiz Aguirre, dijo saber muy poco de la tragedia. Ni siquiera recordaba el nombre del funcionario responsable; tampoco tenía claro si pertenecía a la estructura federal o estatal. No quiso saber; no quiso tenerlo claro.
La presión mediática llegó empujada por un enorme resentimiento social. Fueron cientos los mensajes de indignación recibidos en las redacciones de los distintos sistemas de información locales. El duranguense común -usted y yo- se mostró realmente molesto ante la forma en que se dieron los hechos, enmarcados por un par de excesos: el alcohol y la velocidad.
Pese al desastre, quedó una pizca de satisfacción en quienes siguieron la noticia de cerca, pues el funcionario público responsable fue detenido.
Sin embargo, esa sensación murió unas horas después: escudado en los supuestos beneficios que otorga el Nuevo Sistema de Justicia Penal, el agente del Ministerio Público encargado del caso decidió dejarlo en libertad. Las malas nuevas irritaron de inmediato a la sociedad. También a los representantes del Poder Judicial.
La Procuraduría no encontró un mejor pretexto para dejar a Ramírez Tuero libre; a la dependencia responsable de defender los intereses de la sociedad, del fallecido y de su familia -personificada en ese agente-, le bastó plasmar en un machote oficial su necesidad de mayores elementos de prueba para consignar al detenido, como ha ocurrido siempre.
El tema era tan delicado y de tal impacto social, que la dependencia no quiso asumir la responsabilidad de su liberación. Culparon al Sistema Judicial recién creado, y los "beneficios que otorga". Y así quedó, pero no por mucho tiempo.
Al actual presidente del Tribunal Superior de Justicia, Apolonio Betancourt, que vivió la concepción del Nuevo Sistema de Justicia Penal y que hoy lo sigue supervisando, le cayeron como un balde de agua fría las excusas divulgadas a través del área de Comunicación Social de la PGJE. Tanto que decidió intervenir; si no fuera por él, quizá Ramírez Tuero seguiría libre.
Betancourt Ruiz exigió en varias entrevistas -aunque entre líneas - que el Procurador ordenara recapturar al homicida imprudencial; con un dejo de omnipotencia, arrogancia y quizás hasta ignorancia, al magistrado le respondieron, en términos llanos, que si tanto interés tenía, liberara una orden de aprehensión.
Sabedor de las fallas en que la Procuraduría estaba ya incurriendo, el funcionario judicial les advirtió todo lo que podían desencadenar, por lo que no les quedó más que cumplir con su obligación: consignar al acusado ante un juez.
Ramírez Tuero permanece en una celda del Centro de Reinserción Social Número 1, esperando el día de su juicio. Defensa y parte acusadora trabajan ya en la integración de los expedientes. Y aunque la familia del fallecido -pese a su dolor- mostró capacidad de perdón y decidió no presentar cargos, la disputa sigue. Es, quizás, el reto más grande en la corta historia del Nuevo Sistema de Justicia y sus presumidos juicios orales.
También es una oportunidad para que el Fiscal y su equipo se congracien con el ciudadano. Será su responsabilidad si, a la hora de la verdad, resulta que no hubo pruebas suficientes para declarar culpable al conductor ebrio.
Es un duelo legal que va más allá de un juicio entre acusado y acusador: lucharán la impunidad contra la justicia.
Que al antagonista no lo defienda la Fiscalía; al protagonista ya lo respaldan los justos, esos que convirtieron a Gustavo Garza Asaad, tras el accidente, en uno de los suyos.
