Hoy que en México se discute una reforma política que pretende replantear los equilibrios entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, bien vale la pena revisar al decisión que tomó el pasado viernes la Corte Constitucional de Colombia, que frenó de tajo las aspiraciones reeleccionistas de Álvaro Uribe, que apelaba a que la voluntad popular mayoritaria -por la vía de un referendo- le abriera la puerta para un tercer mandato presidencial.
La Corte aprobó la ponencia del magistrado Humberto Sierra Porto, por siete votos a favor y dos en contra, que declaró inconstitucional la ley que convocaba al referendo reeleccionista por vicios procedimentales, como el rebase de los topes de gastos de campaña, irregularidades en la convocatoria a sesiones extra del Congreso y la contabilización de votos de legisladores impedidos para hacerlo.
Pero la Corte también le cerró el paso a futuros intentos reeleccionistas de Uribe o cualquier otro mandatario, pues estableció que la iniciativa atentaba contra los "ejes estructurales" de la Constitución de 1991, por lo cual para modificarlos se requería un nuevo constituyente. Entre los principios básicos que enumeró la Corte, de acuerdo al portal del diario colombiano El Tiempo, se encuentra la separación de poderes, el sistema de pesos y contrapesos, la alternancia democrática y el principio de igualdad democrática.
En los últimos años han sido recurrentes los presidentes latinoamericanos que modifican la Carta Magna por la vía del Congreso o de un referendo para prolongar sus mandatos. Entre los mandatarios que han recurrido a dicha vía se encuentra el boliviano Evo Morales, que tras tres años y medio de su primer mandato, con una nueva Constitución, aprobada por la vía de un referendo, en diciembre de 2009 pudo postularse nuevamente a la Presidencia, por un solo período de cinco años, sin embargo, debido al peso de la Oposición Evo tuvo que renunciar a la posibilidad de una reelección, como condición para aprobar el referendo; otro caso es el del ecuatoriano Rafael Correa, que logró también la aprobación de una nueva Constitución, que le permitió, en 2009, postularse nuevamente tras dos años de ejercicio previo y, eventualmente, aspirar a una reelección en el en 2013, con lo cual ejercería el cargo durante 10 años.
El caso más sonado es el del venezolano Hugo Chávez, que tras acceder al poder en 1999 ha logrado a través de cuatro referendos, uno de ellos perdido, emitir una nueva Constitución y reformarla para permitir la reelección indefinida del presidente y los gobernadores.
Y Uribe, que en 2005 había logrado una reforma a la Constitución, por la vía legislativa, para reelegirse por una única ocasión, la misma fue impugnada ante la Corte Constitucional, que el 19 de octubre de ese año la declaró constitucional por ocho votos a favor y uno en contra, de acuerdo al citado diario colombiano: "La determinación de fondo fue que la reelección presidencial -por una sola vez y acompañada de una ley estatutaria para garantizar los derechos de la Oposición y la equidad en la campaña presidencial- era una reforma que no sustituía la Constitución de 1991 por una opuesta o integralmente diferente."
Cuatro años y medio después, una Corte totalmente distinta, con ocho nuevos magistrados y únicamente permanece Sierra Porto, que en aquel entonces votó favorablemente y ahora elaboró la ponencia contraria a las intenciones de Uribe, no únicamente rechaza el intento reeleccionista de Uribe, sino que claramente establece los límites: una reelección no atenta contra el espíritu de la Constitución de 1991; intentar más reelecciones sí lo hace y, por ello requiere en realidad de una nueva Carta Magna.
Así las lecciones son claras: una, en los regímenes presidenciales son comunes los afanes reeleccionistas, sin importar la filiación ideológica del gobernante; y, dos, una institucionalidad sólida, un buen sistema de pesos y contrapesos y un adecuado equilibrio entre los tres poderes (ojo es fundamental: los tres poderes) permite limitar estas intenciones a períodos razonablemente aceptables.
Hoy que el Senado mexicano tiene oficialmente tres propuestas de reforma política (una, del presidente Felipe Calderón; otra, de la bancada perredista; y otra más, de la priista) hay que voltear a ver estas experiencias y recordar los principios de Montesquieu: "Para que no se pueda abusar del poder, es necesario que, por la disposición de las cosas, el poder detenga al poder".
Y el mismo clásico señalaba que en todo gobierno existen tres funciones: hacer leyes (legislativo), ejecutar o administrar dichas leyes (ejecutivo) y dirimir conflictos en los casos de controversias con lo que dicta la ley (judicial) y, para prevenir el abuso del poder, las tres funciones deben llevarse a cabo por un órgano diferente, pero al mismo tiempo debe haber un cierto traslape entre los tres, de tal suerte que cada órgano lleva a cabo una función principal, pero participa en el cumplimiento de las otras dos, precisamente para poder frenar los intentos de abuso o desviación del principal responsable.
En Bolivia y en Ecuador, el Legislativo frenó los intentos del Ejecutivo; en Colombia, fue el Judicial; y en Venezuela, ambos sucumbieron. Hoy en México la vista está concentrada, al menos por lo planteado en las tres iniciativas de reforma política, en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero no hay que olvidar al Judicial, es una pieza fundamental y puede resultar determinante como muestra el caso colombiano.
