La Laguna bien pudiera servir como uno de los mejores ejemplos a nivel nacional de lo que la falta de una planeación adecuada puede ocasionar. El explosivo crecimiento urbano que ha tenido la región desde las primeras décadas del siglo XX ha rebasado expectativas y regulaciones de cualquier tipo. En prácticamente todos los rubros podríamos esbozar un panorama oscuro, producto de la inconciencia de un amplio sector de la población pero, sobre todo, de la ineptitud y corrupción de la mayoría de los gobiernos estatales o locales. Seguridad pública, desarrollo urbano, disponibilidad de áreas verdes, transporte público, economía y recursos naturales, son temas en los que hoy, lejos de las necias peroratas de los politicastros laguneros, la región resulta poco menos que una vergüenza.
Con el número actual de robos y asaltos que ocurren en la zona metropolitana de la comarca, es imposible afirmar que las policías municipales de las principales ciudades sirven de algo. Muy por el contrario, la desconfianza de la ciudadanía es tal que prefiere no denunciar los delitos de los que son víctimas o evitarse el infortunio de toparse con una patrulla por la noche. Y es que es lógico que en una aglomeración urbana de más de un millón de habitantes la estructura de vigilancia y seguridad se vea ampliamente rebasada cuando ésta responde a patrones de hace cincuenta años.
Un factor que ha contribuido en gran medida a incrementar los niveles de inseguridad ha sido la ausencia de control en el crecimiento urbano. La marginación en barrios y pueblos absorbidos por la ciudad, propicia condiciones aptas para el desarrollo de la delincuencia. Lo hemos visto, la ausencia de gobierno y el abandono en muchos sectores de la zona metropolitana ha sido sustituido por las redes delictivas al grado que actualmente hay lugares en donde ninguna autoridad puede hacerse presente, lo cual, aunado al déficit en materia de áreas verdes y sitios públicos de esparcimiento, dejan a la infancia y juventud a merced del vicio.
Por otra parte, existe una visión sumamente obtusa de lo que significa desarrollo urbano en materia de vialidades. Hasta hoy, ninguna administración estatal o municipal ha logrado crear un plan integral de movilidad urbana, en el que estén incluidos no sólo los automovilistas, sino también los motociclistas, ciclistas y peatones. Cuando nuestros gobernantes hablan de obras de infraestructura vial se refieren exclusivamente a pasos a desnivel ideados para la circulación de vehículos automotores. Esto ha derivado en un incremento en la hostilidad del ambiente urbano, sobre todo para el peatón. En una ciudad carente de orden en su estructura física, con serias deficiencias como la nuestra y en donde la vigilancia es defectuosa, es muy difícil fomentar una cultura vial.
Ligado a lo anterior está el tema del transporte público, el cual, además de ser caro e incómodo, es lento. La Laguna carece de un sistema integral de transportación de ciudadanos en el que se debería incluir tarifas únicas de acuerdo a tiempos y distancias, rutas troncales, conexiones, horarios e itinerarios fijos, estaciones, terminales, paraderos y, obviamente, vehículos en buen estado.
Además del desorden público que impera en la región, también resulta evidente la ausencia de claridad en cuanto a la vocación económica de la región. En menos de cuatro décadas La Laguna ha pasado de una economía predominantemente agrícola a otra eminentemente agroindustrial, manufacturera y de servicios. Dicha transición se ha dado de forma brusca, desregulada y desarticulada. Las consecuencias de este abrupto cambio se observan en el alto nivel de desempleo que existe en la región, la contaminación del medio ambiente y la sobreexplotación del principal recurso, el agua. De nuevo la falta de planeación, ahora en la economía, ha dejado un grave deterioro del medio ambiente sin haber traído los suficientes beneficios materiales para la sociedad.
Pero en la más grande inconciencia y con la postura más desenfadada, nuestras autoridades no dan visos de corregir el rumbo. Los intereses personales de los servidores públicos, y gremiales de los partidos a los que pertenecen, son puestos por encima de los intereses de los ciudadanos que, con sus impuestos, mantienen a la ineficiente burocracia lagunera esperando que ésta resuelva los asuntos que no le interesa resolver.
Quizá este sea el problema de fondo: la escasa representatividad social de los gobernantes. Ven en el voto una especie de patente de corso para actuar a discreción en los asuntos públicos sin considerar el sentir y opinar de los ciudadanos, cuando no debería de ser así. Saltan de un cargo a otro sin cumplir sus promesas, benefician desde sus cargos a sus allegados y cobran salarios por encima del promedio de la población, pero los problemas de La Laguna continúan sin encontrar solución.
