Hace apenas algunas semanas en la Universidad Juárez del Estado de Durango todo parecía que transcurriría en aparente calma para la elección y en su caso reelección del rector de la máxima casa de estudios del Estado. El contador Rubén Calderón parecía que tenía el control suficiente de los hilos necesarios para garantizar su permanencia en la propia rectoría. Calderón se había separado de su cargo en los tiempos requeridos por la ley orgánica de la institución y todo marchaba en lo que parecía una segura renovación de su puesto.
Sin embargo, difícilmente a la luz pública se podía advertir lo que el flamante gobernador constitucional de Durango, Jorge Herrera Caldera, tenía en mente para este proceso que justo ocurriría apenas unos días de que él había asumido su mandato para el período 2010-2016; las cosas tomarían otro derrotero.
Es posible que el ex rector Calderón haya desestimado los desaires que le profirió al gobernador Herrera cuando éste ocupaba la Secretaría de Finanzas. Además tal vez, no calculó el conocimiento e interés que el primer mandatario tenía sobre la Universidad, que es su alma mater, y en la que se ha desempeñado como docente por años, más que el propio Calderón.
Existe también el elemento de que se presume que el contador Calderón apoyó en la campaña a la gubernatura a su amigo José Rosas Aispuro y esto ha sido suficiente para que el Gobierno impidiese su reelección.
Estas eran las circunstancias que imperaban hasta antes del sainete que se desataría en el Congreso local, luego que la amplia mayoría priista apoyara una reforma a la Ley Orgánica de la UJED donde en su parte sustancial se prohíbe la reelección.
Esta medida tenía por supuesto una dedicatoria personalísima para Rubén Calderón y como por supuesto lo que está en juego no es cualquier cosa, inició la batalla política, legal y hasta de guerra sucia, ya que desafortunadamente han vuelto a aparecer porros en hechos que tienen relación a este grave asunto que ensombrecen todavía más estos días aciagos que hoy vive la Universidad.
Los actores principales de esta contienda por supuesto que están por un lado, las huestes del ex rector Calderón y verdaderos universitarios que en su convencimiento está la necesidad y obligación de mantener la autonomía de la UJED, y por el otro, el propio gobernador que convencido de la necesidad imperiosa en aras de sacar del letargo y de la pérdida en la calidad que ha estado sufriendo la institución educativa, además de la carencia de visión que le achaca a Calderón.
Hubo más personajes importantes en este conflicto, como lo es Hugo Rosales Badillo, conspicuo abogado, ex director del área de posgrado y hoy secretario general de Gobierno, quien seguro movió las manivelas adecuadas para que esto haya sucedido, y el maestro Salvador Rodríguez Lugo, universitario de cepa y magnífico catedrático, hasta ayer rector en funciones por disposición de una suspensión temporal otorgada por un juez federal para que entren en vigor las reformas expresas a la ley orgánica de la UJED. Estaba también la rectora en suspenso designada por el Congreso, Patricia Herrera Gutiérrez.
Entre todos los enredos jurídicos, los lineamientos generales para la solución del conflicto son: es cierto que la esencia del término autonomía pretende que la Universidad tenga la libertad de autodirigirse sin contrapeso alguno más que la que determine la ley, y con ella, pueda marchar siempre en la búsqueda de la enseñanza de calidad y del encuentro de los campos propicios para la investigación que coadyuven al estado de Durango a su desarrollo, pero es también cierto que la Universidad es un organismo público y que se mantiene de recursos del erario estatal y por lo tanto, del dinero de toda la gente.
En resumidas cuentas, la soberanía del Estado de Durango, o la gente dueña del dinero y de todo el patrimonio de la UJED está representada en el Congreso local y éste, de acuerdo a la legalidad, ha decidido modificar las reglas de operación. Esto tarde que temprano se terminó imponiendo y además con razón, el pueblo representado en el Congreso y además contribuyente, es más que el principio de autonomía.
Aun así es una gran pena que las cosas sucedieran de esta forma y que nuevamente los que hayan sufrido sean los alumnos que no reciben la educación por la cual están ahí.
Las cosas no se hicieron de la mejor manera, pero ésas eran en apariencia las únicas para haber hecho los cambios que el máximo representante popular de Durango decidió.
Hay que esperar a que esto se comprenda y con las heridas causadas, cierto, se abra paso a la reactivación de las clases de manera normal y sí, que se acepten los cambios porque no hubo manera de impedirlos y que hoy tengamos nuevo rector en la persona de Tomás Castro Hidalgo. Qué calamidad.
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