La discusión de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para 2011 fue, para todo fin práctico, una calca de los procesos que han caracterizado la discusión de los temas económicos relevantes para México desde que entramos a nuestra nueva vida democrática.
En esta ocasión el Congreso repitió una práctica de otras legislaturas que supuestamente preocupadas por atender las necesidades "sociales", que para ellas solamente se resuelven con más gasto gubernamental, optaron por elevar los ingresos públicos estimados para 2011.
Ese aumento se logró mediante una ampliación del déficit público, la aprobación de un alza de los impuestos a los cigarros y las bebidas energizantes, así como con la modificación de los supuestos de crecimiento del PIB y del precio promedio de las exportaciones de petróleo el año próximo.
Esto es una muestra más de que nada se ha hecho a lo largo de los años por corregir, o por lo menos acotar, la práctica de nuestros legisladores de aumentar el gasto público mediante artificios aritméticos que supuestamente elevan los ingresos, sin proponer fuentes sanas y permanentes de financiamiento.
La historia es cada año la misma. Los diputados no se atreven a plantear una reforma impositiva que respete los principios económicos básicos de eficiencia y equidad tributaria, por lo que para elevar los ingresos públicos acuden a la magia de la pluma.
En esta ocasión subieron el déficit público y algunos impuestos, pero más importante aún, hicieron más alegres los supuestos contenidos en el Presupuesto enviado por el Ejecutivo, en particular la estimación de crecimiento económico y el precio para el petróleo de exportación.
Es interesante observar que en todas las ocasiones en que los legisladores han cambiado los supuestos de las variables usadas en el Presupuesto, nunca lo han hecho por el lado conservador, esto es, suponer que las cosas no serán tan halagüeñas como esperan las autoridades.
El sesgo irresponsable de los diputados en favor de más gasto deja las finanzas públicas extremadamente vulnerables a cambios negativos en ésas u otras variables que no fueron modificadas por los legisladores pero que, por su relevancia, pudieran disminuir en vez de incrementar los ingresos públicos.
Por ejemplo, un supuesto que no se cambió es el precio del dólar, que en el presupuesto es de $12.90 pesos y que se mantuvo por parte del Congreso, no obstante que en estos días se cotiza alrededor de $12.40 pesos y, de acuerdo a varios analistas, se ubicará en promedio por debajo de ese nivel el año próximo.
Un comportamiento como ese del precio de la divisa de Estados Unidos (EU) afectaría negativamente los respectivos ingresos públicos en pesos en 2011, lo que no se consideró por parte de nuestros legisladores. Es probable, por tanto, que hayan repartido a los estados ingresos que nunca se van a obtener.
El problema es que no sólo el precio del dólar puede ser menor al usado en el presupuesto, sino lo mismo puede ocurrir con el ritmo de crecimiento económico, lo que también mermaría los ingresos públicos.
No hay duda, por ejemplo, que el crecimiento de nuestro país está íntimamente ligado a lo que ocurre en EU. No obstante, nuestros legisladores no consideraron dos hechos incontrovertibles en relación con lo que sucederá en ese país en 2011.
Primero, la economía estadounidense va a crecer menos que este año. Segundo, el peligro de una recaída no ha desparecido del todo, lo que se refleja en la extensión y profundización de la política monetaria laxa de la Reserva Federal.
Eso debería haber sido suficiente motivo para ser cautelosos a la hora de estimar el crecimiento del PIB de México el año próximo. Resulta, sin embargo, que los legisladores fueron todavía más osados que nuestras tradicionalmente optimistas autoridades.
Finalmente, la estimación revisada por el Congreso para el precio del petróleo pareciera que, a la luz de la evidencia actual y la tendencia de los mercados, es todavía conservadora.
No obstante, persisten las dudas en relación con el volumen de exportación de petróleo y, en un caso extremo, el efecto de una pérdida importante de dinamismo económico en los países desarrollados, o peor aún, una recaída económica global, sobre el precio del crudo.
Los argumentos anteriores muestran que no podemos descartar la posibilidad de que los ingresos públicos en México sean inferiores a los previstos por el Congreso.
En dicho contexto, la prudencia debió haber prevalecido sobre los intereses políticos que siempre norman el comportamiento de los legisladores. Eso, lamentablemente, no fue el caso