La relatora especial sobre la independencia de Magistrados y Abogados de la ONU, Gabriela Knaul, hizo una serie de recomendaciones al gobierno mexicano para mitigar la deuda que el Estado mexicano tiene con los mexicanos por la falta de acceso a la justicia.
Entre las recomendaciones destaca la urgencia de: eliminar la figura del arraigo; terminar con la aplicación del fuero militar en asuntos de competencia civil; acabar con la intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial -particularmente en los estados-; implementar la autonomía, depuración y capacitación del Ministerio Público; revisar la figura del amparo, pues se vuelve inaccesible para una parte importante de la población; y establecer medidas para brindar protección a jueces y ministerios públicos sujetos a amenazas, intimidaciones y hostigamientos por parte del crimen organizado.
La relatora ofreció una rueda de prensa donde adelantó conclusiones preliminares de un informe completo que presentará en los próximos días. Conforme a este adelanto la funcionaria de la ONU no encontró nada que los organismos internacionales y los mexicanos no conociéramos; de hecho, en muchas de las recomendaciones se apoyó en resoluciones e informes previos.
Destacan, al respecto, los cuestionamientos a la figura del arraigo y la aplicación del fuero militar en delitos cometidos contra civiles, que quedan en estado de indefensión al no tener ni siquiera la participación del que debiese ser el representante de la ciudadanía ante las instancias judiciales: el Ministerio Público.
En el primer caso la Knaul recordó que tanto la ONU como otros organismos internacionales ya habían aconsejado a México que prescindiera de esta figura, ya que violenta la presunción de inocencia de los acusados y enfatizó: "lo apropiado es investigar para detener y no detener para investigar". Aprovechó para criticar la práctica generalizada, en México, de presentar ante los medios masivos de comunicación a presuntos criminales antes de ser sometidos al debido proceso judicial.
En cuanto al fuero militar cuestionó la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal para excluir del mismo los delitos de desaparición forzada, violación y tortura contra civiles, pues puntualizó: "Si bien ello supondría un avance, llama la atención que otros crímenes igualmente graves, como por ejemplo las ejecuciones extrajudiciales, no quedarían excluidos. Una lista puntual de crímenes que escapen de la jurisdicción militar resultaría insuficiente frente al carácter excepcional de dicha jurisdicción".
En otros de los asuntos que mencionó la relatora en su conferencia de prensa, como la autonomía del Ministerio Público, ya existen iniciativas de ley, presentadas por las fracciones parlamentarias del PRI y el PRD, en ese sentido. El cuestionamiento a los alcances y debilidades de la figura del amparo, fue incluso motivo de un estudio minucioso de la misma Suprema Corte de Justicia.
El mismo tema de la protección a jueces, ministerios públicos y, hasta abogados, ha sido recurrente en los últimos meses. En los últimos diez años, al menos cinco jueces federales han sido asesinados; recientemente un grupo de jueces y magistrados solicitaron al Ejército permisos de portación de armas para defenderse de eventuales agresiones; otros han demandado al Consejo de la Judicatura que refuercen las medidas de seguridad para su protección, tanto en sus lugares de trabajo como en su vida privada.
Así lo único sorprendente del informe de la relatora de la ONU es que una y otra vez se reiteren las mismas recomendaciones, sin que los responsables de implementarlas muestren avances al respecto, es decir, lo asombroso es que a pesar de la plena coincidencia de todos los expertos, internacionales y nacionales, sobre la urgencia de implementar medidas -precisas y conocidas- éstas no se implementen por las resistencias internas.
Los opositores a la implementación de estas medidas están en la mayoría de los casos claramente identificados: a favor del arraigo, se manifiestan y actúan las policías y el ministerio público, que ante su incapacidad para integrar expedientes y averiguaciones previas contundentes e inexpugnables, prefieren violar "legalmente" los derechos humanos de los presuntos delincuentes; en contra de la eliminación del fuero militar en delitos cometidos contra civiles, claramente son los mandos militares los que se oponen ante el temor de ser condenados por sus abusos; a la autonomía del Ministerio Público, los ejecutivos que no quieren perder el poder que ello significa. Casi en todos los casos se puede identificar con nombres y apellidos a los opositores al progreso.
Lo paradójico es que las reformas son indispensables para avanzar en el combate a la inseguridad y a pesar de que absolutamente todos los actores -tampoco aquí hay diferencias- declaran su adhesión total y pleno compromiso para lograrlo; en los hechos priorizan la defensa de sus privilegios ante la adopción de medidas que han mostrado ya sus beneficios en los diversos países donde se han adoptado, porque implican la redistribución del poder en su perjuicio.
El informe preliminar de la relatora pone nuevamente de manifiesto que los lastres del autoritarismo han sido más poderosos que las fuerzas democráticas y, precisamente por ello, el poder que pierde el Ejecutivo federal lo acaparan los poderes fácticos -entre los que destaca el crimen organizado- y no se distribuye entre instancias estatales -adscritas a alguno de los tres poderes u órganos autónomos de nueva creación-. La miopía de los ejecutivos -federal y estatales-, legisladores y dirigentes de partidos políticos, principalmente, les impide ver que la defensa a ultranza de sus privilegios y cotos de poder, los puede conducir -a ellos y al país- a una catástrofe irreparable. Las advertencias son múltiples y reiteradas.
