Somos una sociedad que, por lo general, condona u olvida pronto el comportamiento indebido y muchas veces corrupto de nuestras autoridades. En este tema no hemos logrado progreso alguno. Por el contrario, nos hemos resignado a aceptarlo como algo normal.
De nada sirvió que en el año 2000 hayamos logrado, después de décadas, la apertura democrática y el respeto del voto ciudadano, porque es fecha que todavía no contamos con mecanismos, como los que existen en las democracias maduras, para hacer que las personas elegidas a un puesto público rindan cuentas por sus acciones.
Por el contrario, nuestros políticos siguen haciendo, sin recato, lo que les da la gana. Hay, por ejemplo, legisladores que se amparan en el fuero para no ser perseguidos por la justicia. El fuero existe, por cierto, en otros países, pero no es una carta de inmunidad para hacer lo que sea.
Otro tema en el que nuestras autoridades no respetan las leyes o las interpretan de manera arbitraria para acomodarlas a sus intereses, es en relación con la información que están obligadas a proporcionar a los ciudadanos.
Un ejemplo de esto ocurrió a fines del mes pasado, cuando el tesorero del gobierno del Estado de Nuevo León, Alfredo Garza, dijo a los medios de comunicación que la administración de Rodrigo Medina requiere mantener en secreto hasta el 2017 el calendario de pagos y tasas de interés que paga a la banca, con el fin de lograr una mejor negociación de reestructura de su deuda.
Se amparó en el Artículo 28 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información en el Estado, en su fracción VI, que señala que como información reservada podrá clasificarse "aquélla cuya difusión menoscabe seriamente el patrimonio de los sujetos obligados".
La reacción inmediata de algunos empresarios y líderes de opinión fue adversa, pero rápidamente se perdió el interés sobre el tema, lo que ya habían descontado las autoridades, que por enésima ocasión se salieron con la suya.
La argumentación para tratar de justificar ese ocultamiento de información es francamente absurda. Decir, por ejemplo, que no se divulga porque podría generar especulación respecto a los contratos correspondientes, es una tontería monumental.
La especulación surge, más bien, cuando con razones poco convincentes se pretende mantener fuera del alcance de la opinión pública la información sobre un asunto vital para el futuro de la entidad.
El ejemplo reciente más elocuente en ese sentido es la crisis de deuda de Grecia, que llegó a ese extremo porque sus autoridades ocultaron, mientras se pudo, la verdadera situación de sus finanzas.
En nuestro caso la información, en realidad, sólo se oculta a los ciudadanos, ya que es imposible hacerlo así con los acreedores que son, en última instancia, los que le van a fijar las condiciones al estado en cuanto a plazo, tasas y calendario de pagos.
Por otro lado, afirmar que la transparencia podría ocasionar un menoscabo para el patrimonio del Estado de Nuevo León es otro argumento insostenible. Si ello fuera cierto, los gobiernos con mayor patrimonio, como es el caso de Estados Unidos, serían los más cerrados en su información hacia la ciudadanía, cuando en la práctica son los más abiertos.
La opacidad del gobierno nuevoleonés con respecto a los detalles de la deuda es, además, una afrenta para la población del Estado, porque es ella, con sus impuestos, la que está obligada a financiar la deuda estatal.
En efecto, las autoridades no tienen activos que puedan dar en garantía, en particular si no cuentan con la aprobación del Congreso para comprometer bienes públicos, por lo que el respaldo verdadero de sus deudas está en la capacidad que tiene para gravar con impuestos a sus habitantes y, en el caso estatal, el acceso que tengan a las participaciones federales.
Que hubo un mal uso de los fondos federales y una mala administración del gasto público y de contratación de deuda en Nuevo León y otros 18 estados quedó de manifiesto en el estudio sobre el Índice de Desempeño Financiero 2010, presentado por Aregional.
No extraña, por tanto, que una semana después de la negativa del tesorero Garza, el senador Ramón Galindo, con base en los resultados de ese estudio, insistió en la necesidad de establecer un nuevo pacto federal que incluya mecanismos de control de los estados para abatir la ineficiencia, la opacidad y la corrupción, así como que establezca mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
Es una lástima, por tanto, que en una época donde una mayor transparencia es la norma que los ciudadanos reclaman del comportamiento gubernamental, el Gobierno de Rodrigo Medina escoja el camino de la opacidad, no para ayudar a la población, sino para darse el tiempo necesario para no tenerle que ren dir cuentas a la ciudadanía.
