La Procuraduría General de la República (PGR) tardó ocho meses en abrir una averiguación previa contra Fernando Mariano Martín, ex director general de Orientación y Gestión de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), con título de cirujano falso.
Se solicitó al área de transparencia de la Conamed los documentos y actividades firmadas por Martín del Campo, que estuvo en el cargo de 2001 a noviembre de 2009, pero se negó la información con el argumento de que existe un procedimiento legal y administrativo en vías de resolverse por la querella AP/PGR/ DF/ DF-XI15-08/2010-04.
"Se niega el acceso a la información en virtud de que se encuentra clasificada como reservada en términos de la ley mencionada.
"Fernando Mariano Martín del Campo recibió el 11 de agosto de 2010 la notificación del Ministerio Público de la Federación de la Subprocuraduría de Control Regional de la PGR. Además, el órgano interno de control del Conamed abrió el expediente DC-003/2010, por lo que existe un procedimiento penal y administrativo por resolver", dijo la directora general Bertha L. Hernández.
Desde 1996, la Conamed es una instancia especializada que cuenta con autonomía técnica y tiene atribuciones para recibir quejas, investigar presuntas irregularidades relacionadas con el trabajo médico. Actualmente recibe 17 mil quejas anuales y promueve, a través de cartas, un mejor desempeño en el campo de la medicina.
Martín del Campo era el director médico de Orientación y Gestión de la Conamed, con un salario de más de 56 mil pesos mensuales como director de área.
Dicho funcionario forma parte de los 22 servidores públicos que fueron detectados por la Secretaría de la Función Pública (SFP), en agosto pasado, desempeñándose en distintos cargos públicos con documentos apócrifos.
Presentó título y cédula falsos de médico cirujano y no tiene antecedentes educativos en su expediente, pero el Conamed explicó que, por el momento, no puede proporcionar información "que cause un serio perjuicio a las estrategias procesales, judiciales o administrativas".
No se puede proporcionar los datos requeridos en tanto no se haya dictado una resolución administrativa o la jurisdiccional definitiva de las averiguaciones previas y los procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, dice en su respuesta el Conamed.
En el caso de Silvia Romero, la oficina de transparencia del Instituto Nacional de Perinatología aseguró que en el tiempo que laboró en esa institución no presentó o firmó algún documento como psicóloga especializada, posición para la que fue contratada con documentos falsos.
