La inseguridad que padece la población mexicana es motivo suficiente para examinar la responsabilidad del Estado, en sus distintos niveles de gobierno, en el cumplimiento de su obligación primaria de proporcionar seguridad pública, así como la distracción que representa el tratar de cubrir otras tareas que, estrictamente hablando, no son de su competencia.
Las sociedades modernas delegan en el Estado la responsabilidad de proporcionar el servicio de seguridad pública. Esta es, de hecho, una de las obligaciones que incluso los economistas partidarios de la intervención mínima del Estado, reconocen como imprescindible.
Por ejemplo, Adam Smith en su obra clásica sobre la Riqueza de las Naciones establecía que los deberes básicos de un gobierno son la defensa del país, la administración de la justicia interna y la provisión de ciertos bienes que sólo "el soberano" puede financiar y mantener. Uno de éstos es el servicio de policía para proteger a los individuos.
A raíz de la Gran Depresión de 1929 y años siguientes, los análisis realizados notablemente por el economista inglés John Maynard Keynes, le asignaron al Estado una nueva responsabilidad como moderador del ciclo económico, especialmente a través del manejo de una política fiscal expansiva durante la fase recesiva del ciclo.
Después de la Segunda Guerra Mundial, en parte por el éxito atribuido a la política keynesiana aplicada en Estados Unidos para superar la Gran Depresión, se estableció en Inglaterra y en los países escandinavos un sistema integrado de seguridad social, el llamado Estado del Bienestar, en donde el gobierno asume la responsabilidad de promover y proteger el bienestar de sus ciudadanos en los campos de la salud, mantenimiento del ingreso, seguro de desempleo y pensiones.
Es relevante destacar que esas nuevas responsabilidades económicas del Estado no significaron la eliminación o sustitución de las obligaciones básicas a las cuales se refería Adam Smith, sino que se agregan a ellas, mientras que su financiamiento sigue descansando en los impuestos y en algunas contribuciones específicas.
En nuestro país el Estado trata, sin éxito, de llevar a cabo una serie de actividades que, en estricto sentido, podrían ser desempeñadas por particulares, mientras que al mismo tiempo descuida en forma evidente su responsabilidad primaria de proveer la seguridad de las personas y sus propiedades.
En efecto, el gobierno se ha hecho responsable de algunos elementos del Estado del Bienestar, como la seguridad social, pero va más allá que los mismos países escandinavos, puesto que no sólo financia esos servicios, sino que además se convierte en el único proveedor de ellos, con el consiguiente deterioro de su calidad y eficiencia.
La llamada rectoría sobre la economía nacional ha llevado al Estado a asumir también como actividades reservadas exclusivamente para él la producción de una serie de bienes y servicios, destacando los hidrocarburos y la energía eléctrica.
Lo relevante del caso es que en la provisión de los bienes y servicios relacionados con la energía y la seguridad social, para citar una muestra, nuestros políticos defienden a ultranza la participación exclusiva del Estado y rechazan cualquier participación directa de recursos privados.
Pero por otra parte, ahora que el problema de la inseguridad pública se ha vuelto muy grave, los mismos dirigentes políticos que argumentan la exclusividad del sector público en las áreas de energía y seguridad social, que no son inherentes a la naturaleza misma del Estado, hablan de que la seguridad pública es una responsabilidad compartida entre gobierno y sociedad.
En este sentido, apelan a la colaboración ciudadana para enfrentar ese mal y tratan de reducir, por esta vía, su responsabilidad exclusiva en la protección y la seguridad de la población. Es claro, por lo tanto, que el Estado mexicano atiende funciones no esenciales, pero políticamente atractivas, mientras que descuida su responsabilidad principal que es una actividad exclusiva del sector público.
Lo que ocurre, en lenguaje llano, es que la mayoría de nuestros políticos buscan un puesto público para hacer dinero, no para proteger a la población y hacer valer las leyes, puesto que esto implica arriesgar el pellejo, más en épocas tan turbulentas como la actual.
No hay país que pueda crecer en forma dinámica si sus habitantes viven en zozobra continua. Por consiguiente, la mayor contribución que puede hacer nuestro gobierno al crecimiento del ingreso y el empleo no es, como insisten, distrayendo recursos en actividades que los particulares hacen mejor que los burócratas, sino en aceptar su responsabilidad básica y dedicarse por completo a la tarea de proveer y garantizar la seguridad pública para todos los mexicanos.
