No se puede proteger a una sociedad violando los derechos de los individuos que la integran. No es posible sustentar una estrategia contra la delincuencia en la violación del Estado de Derecho. Un delito no sólo representa un daño físico y moral para quien lo padece, sino que es además un desafío para las instituciones y la gobernabilidad de un Estado. Violentar las leyes para combatir al crimen es redundar en la inestabilidad que éste de por sí crea, y abonar el terreno para la generación de mayor inseguridad.
En el último lustro, los laguneros en general, y los torreonenses en particular, han sido víctimas y testigos de una descomposición gradual de la seguridad pública que parece no tener fin. El número de delitos patrimoniales y homicidios ha crecido de forma exponencial. Por ejemplo, el robo de autos, según los datos de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA), en Torreón se ha multiplicado por 4 en los últimos dos años, ya que de 216 casos que se registraron en 2008, en 2010 la cifra fue de 882 delitos en el período de enero a septiembre, con la cual el municipio se coloca en el lugar 17 en el ámbito nacional en este ilícito.
Esta creciente ola delictiva ha rebasado a las autoridades locales, las cuales no sólo han mostrado su incapacidad frente al crimen, sino que han incurrido en excesos contra ciudadanos cuyo único pecado fue estar en el lugar y el momento equivocados. En la semana que acaba de terminar se dio a conocer la detención de tres personas sin prueba alguna. Uno de los arrestos arbitrarios fue el de un jardinero que traía un hacha y un machete de los cuales no pudo acreditar la propiedad. El jardinero tuvo que pagar una multa de 10 salarios mínimos para que lo dejaran salir. Frente a esta injusticia, el director de Seguridad Pública, Carlos Bibiano Villa, declaró que no le importaba “impedir la libertad de tránsito de las personas, ni la opinión de los organismos de Derechos Humanos”, puesto que estaba “previniendo un delito de robo”.
Con sus declaraciones el jefe policiaco incurre en la grave contradicción de pretender combatir la ilegalidad con más ilegalidad, lo cual sólo puede traer más zozobra e incertidumbre a una sociedad en donde el miedo se ha convertido en una sensación cotidiana. Es la inversión del principio constitucional de presunción de inocencia; para Villa, todos son culpables hasta que se demuestre lo contrario.
El proceder de los agentes y las declaraciones del jefe policiaco simple y sencillamente son injustificables, aunque se den en el marco de la lucha contra la delincuencia, lucha que, por cierto, hasta ahora ha arrojado pobres resultados.
