La decisión del presidente Felipe Calderón, de recortar en seis años el plazo para la transición de la televisión analógica a la digital es un paso acertado, pero insuficiente. Para asegurar que la transición permita "la participación de un mayor número de proveedores de señal de televisión" y, en consecuencia, se amplíen "las opciones de contenidos culturales, noticiosos y de entretenimiento", se requiere tomar previsiones adicionales.
El decreto promulgado por Calderón no inició, como él anunció en su mensaje con motivos del Cuarto Informe de Gobierno, la transición de un sistema analógico a un sistema de televisión digital terrestre, lo que hizo fue acortar los tiempos. En julio de 2004, el entonces presidente Vicente Fox, emitió el decreto que inició dicha transición y que establecía como plazo final para la misma el eño 2021; hay decisiones que ese decreto instituyó, que Calderón no pudo modificar, como la selección del protocolo ATSC (Advanced Television System Commitee) que tiene su origen en el vecino país del norte y que únicamente funciona en Canadá, Estados Unidos, México, El Salvador, Honduras, Puerto Rico y Corea del Sur. En casi toda Europa, África y parte de Asia optaron por el sistema DVB (Digital Video Broadcasting Terrestrial); y en la mayor parte de América Latina se optó por el protocolo japonés ISDB-T (Terrestrial Integrated Services Digital Broadcasting).
Inicialmente el protocolo ATSC únicamente permitía mejorar la calidad de la imagen, con lo cual perdía una de las principales (si no es que la principal) ventajas de la transición: la multiplicación de señales, es decir, el que en el mismo espacio en el que se transmite la señal de un canal analógico se transmitan varios canales. Hoy, según afirma el especialista Raúl Trejo Delabre, en el espacio que ocupa la transmisión de una señal analógica se puede transmitir dos canales de alta definición; seis canales digitales con buena calidad (no de alta definición, pero sí con una calidad de imagen y sonido muy superior a la analógica); o uno de alta definición y tres digitales que no sean de alta definición.
Calderón sí pudo reducir los tiempos y esto es muy importante, entre otras razones, porque coloca a México en sintonía con lo que sucede en el resto del mundo, tanto en la duración del período de transición como en las fechas de finalización. En Estados Unidos y Europa las transiciones duraron entre 9 y 12 años, lo mismo que en los países latinoamericanos más avanzados. En México la transición, de acuerdo al decreto de Fox, duraría 17 años y concluiría en 2021, cuando -al menos- Brasil, Colombia y Argentina, ya la habrían concluido, a pesar de haberla iniciado entre tres y cinco años después que nosotros.
Sin embargo, falta una serie de asuntos legales y operativos por resolver para poder garantizar el arribo a buen puerto de este ajuste, como es la derogación del decreto de 2004, al menos en todas las partes que se contrapongan con el actual; la definición de qué sucederá con los servicios multicanal, como el que promovió TV Azteca de video en demanda; si los actuales concesionarios podrán o no transmitir nuevas señales en el espectro liberado al transitar a lo digital; y, desde luego, los mecanismos concretos para lograr que en 2015, al menos, el 90 por ciento de los televisores del país pueda recibir la señal digital (de acuerdo a la Comisión Federal de Telecomunicaciones hoy hay 26.5 millones de aparatos, de los cuales únicamente 3.6 millones -el 13.6 por ciento- son digitales).
Pero más allá de eso la clave es definir la mezcla de oferta televisiva que deseamos en México, es decir, si lo que se busca es simplemente incrementar las opciones de televisión comercial o, en contrapartida, asegurar una adecuada combinación de televisión comercial, pública y comunitaria. Incluso hace falta definir con claridad y precisión qué se entiende por televisión pública, pues público y gubernamental no son sinónimos y no es claro que incluso el mismo presidente lo entienda, lo cual se evidencia cuando en su mensaje señala: "Establecimos un organismo público que soporte una cadena de televisión pública nacional basada en la ampliación de la cobertura del Canal Once, TV México, a importantes ciudades del país." Hay que discutir si Canal Once es una televisora pública o gubernamental, pues su manejo está confiado totalmente al Instituto Politécnico Nacional, que no es una institución autónoma de educación superior, sino parte de la administración pública federal.
Es fundamental establecer, lo antes posible para evitar enfrentar hechos consumados -como ha sido tradición en este sector en México- las salvaguardas para preservar parte del espectro para la televisión pública y comunitaria. Una reforma legal recientemente aprobada en Argentina dividió el espectro en tres partes iguales: una, para los medios comerciales; otra, para los públicos; y, la última, para los comunitarios. Pero ni siquiera esto es suficiente, pues hay que establecer también legislación que permita distinguir a los medios públicos de los gubernamentales; los ejemplos más conocidos de medios públicos son la BBC de Londres y Radio Francia, dirigidos por consejos autónomos de las instancias gubernamentales y con participación ciudadana; los medios gubernamentales, son los que conocemos en México, con dependencia absoluta de los respectivos ejecutivos.
El decreto presidencial es plausible, es un paso en la dirección correcta; pero ahora es urgente dar los siguientes pasos para garantizar que la transición de lo analógico a lo digital beneficia a México y no a las grandes corporaciones nacionales e internacionales.
