Del otro lado de la moneda, la parte oscura de la reforma laboral planteada por la fracción panista en el Congreso, apunta a lo que los sindicatos independientes han calificado de conculcación de derechos adquiridos; acotamiento del derecho de huelga, e injerencia en la vida interna sindical.
De entrada, en lo que pareciera dedicatoria al sindicato minero, se plantea el evitar que las huelgas se prolonguen indefinidamente, abriéndose la posibilidad de que los patrones "y terceros interesados" puedan solicitar un arbitraje después de 60 días de colocadas las banderas rojinegras.
La exposición de motivos señala que el actual esquema en que los sindicatos tienen el derecho de solicitar un arbitraje ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje sin fijarse un plazo para hacerlo, "ha propiciado que se prolonguen las huelgas de manera indefinida, afectando los derechos de los propios trabajadores, cerrando las fuentes de empleo por varios años, y causando con ello daños y perjuicios a empresas, trabajadores y terceros y, en general, a la economía del país".
Como usted sabe, el Grupo Minero México resiente huelgas en Mexicana de Cananea y dos de sus plantas en Fresnillo y Taxco, cuya antigüedad es ya de 30 meses.
En paralelo, en otro dardo contra el sindicato minero, se plantea la exigencia de comprobar que un organismo similar cuente con el apoyo de al menos un tercio de los trabajadores, antes de demandar la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo.
Se le abre, pues, la puerta a la división de los trabajadores, aún cuando no tengan mayoría.
La explicación habla de que del total de juicios que se entablan por titularidad del contrato colectivo, sólo uno de cada 10 termina en recuento, "lo cual evidencia el abuso en la presentación de demandas sin fundamento, y que pudieran ser utilizadas únicamente para obtener inmerecidos beneficios económicos".
Más allá, se exige establecer requisitos mínimos para iniciar una huelga por firma de un Contrato Colectivo de Trabajo, según ello para evitar que ésta sea promovida por organizaciones sindicales que no representan los intereses reales de los trabajadores de una empresa.
De acuerdo a la Secretaría del Trabajo, del primero de febrero de 2002 al 28 de febrero del 2010, se han recibido en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje: 35 mil 531 emplazamientos, de los cuales 22 mil 782 tenían en la mira la firma de un nuevo contrato colectivo.
Sin embargo, de éstos sólo 14 concluyeron con el propósito buscado, "lo que corrobora que la casi totalidad de los emplazamientos se realizan con el propósito de extorsionar a las empresas y particulares, ignorando los intereses y derechos de los trabajadores".
Ahora que la propuesta del Gobierno, bajo la bandera panista, abre la ventana para declarar la inexistencia de una huelga, si el sindicato no cumple en su emplazamiento con los requisitos previstos en sus propios estatutos.
La rendija, naturalmente, vota por la causa patronal.
Desde otro plano, se le faculta a la autoridad a negar el trámite de emplazamiento a huelga cuando no se precisen las violaciones al contrato y su forma de reparación, es decir el sindicato estaría obligado a fijar el diagnóstico, el remedio y el palito. Según ello, la ley actual mantiene lagunas oscuras e imprecisas para negar el trámite de un emplazamiento a huelga, cuando el objeto sea el incumplimiento del contrato colectivo.
La inconformidad de centrales sindicales como la Unión Nacional de Trabajadores, en paralelo, apunta, a la propuesta de crear nuevas modalidades de contratación individual, alargándose los periodos de prueba de 28 a 180 días, además de abrirse un escenario de capacitación improrrogable de tres a seis meses, por más que se le pagarían a los trabajadores salarios y prestaciones, además de inscribirlos a los esquemas de seguridad social.
La razón esgrimida por la autoridad habla de que las personas mayores de 40 años representan al 25.4 por ciento de los desempleados, con la novedad, de que pese a las experiencias adquiridas, enfrentan mayores dificultades para reinstalarse en el mercado de trabajo, por carecer de habilidades actualizadas.
En otra perspectiva, se abre la alternativa de contratación de trabajo por hora, a la usanza de los Estados Unidos, garantizándose que ésta se inscriba también en el esquema de seguridad social, sobre la base de cotización diaria con el salario mínimo vigente.
La paradoja del caso es que lo que para los promotores de la iniciativa implica un avance hacia la modernidad, para sus detractores representa un grave retroceso.
Juzgue usted.
Finalmente será el 29 de éste la asamblea extraordinaria de accionistas a que ha convocado Mexicana de Lubricantes, para lo que intenta sea un borrón y cuenta nueva en sus diferendos con Petróleos Mexicanos, su socio minoritario.
La paraestatal tiene el 46.33 por ciento de la firma.
Las entretelas de la orden del día intentan borrar agravios, tras una larga espera de 12 años, para que la firma fabricante de aceites y lubricantes transparente sus números.
En el toma y daca se plantearon 65 demandas de uno y otro lado.
A la venta del porcentaje mayoritario de la empresa, ésta tenía ventas superiores a 200 millones de dólares.
Pactada la celebración de la asamblea el cuatro de marzo pasado, ésta se propuso ante el temor de los funcionarios de Pemex de legalizar lo que en el papel pareciera ilegalizable.
DEMANDAN A MÉXICO Esta semana la empresa española Bofesa oficializará una demanda ante la Comisión Internacional de Arbitraje con sede en París, contra el Gobierno de México, por incumplimiento de un contrato otorgado por la Secretaría del Medio Ambiente para instalar un confinamiento de residuos tóxicos en Zimapán, Hidalgo.
La posibilidad se frustró al retirar la presidencia municipal los permisos otorgados, ante la presión de la comunidad a quien no se le consultó previamente.
El escándalo alcanzó decenas de decibles.
La exigencia habla de una indemnización de varios millones de dólares.
PROGRAMACIÓN NACIONAL Entre los puntos que impugna la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión en la propuesta de reforma a la ley en la materia planteada por el diputado panista Javier Corral, con apoyo del PRD, está la exigencia de que al menos el 50 por ciento de los contenidos de televisión sean de programación nacional.
El escenario apuntaría de lleno a las firmas proveedoras de televisión por cable, cuyo peso mayor lo llenan series o programas importados.
En paralelo, se objeta el que se acote 25 por ciento la posibilidad de participación del capital extranjero, y el que crezcan en 40 millones las multas por contenidos que violen la ley.
