En medio de las turbulencias en que nos hallamos apareció de repente en el espacio político la propuesta de un grupo de luchadores de antiguas lides de insertar en el Artículo 40 de nuestra Carta Magna la palabra "laica". Su objeto es blindar a la Patria de la incursión de las jerarquías religiosas y de la amenaza de fanatismos.
Víctima repetida de la obsesión de nuestros legisladores de llevar al olimpo constitucional preceptos que de otra manera no han sido respetados, ahora se desea que nuestra Constitución de 1857 reformada en 1917, sufra un nuevo asalto.
En el centro del asunto está la obsesiva aversión liberal a toda autoridad eclesiástica, sea cual sea su denominación, que pudiera rozar el hermético coto de la política.
Pero en el Artículo 3° la palabra "laica" ya es concepto eje al decir que la educación que imparte el Estado será laica y, que garantizada por el Artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa.
Esta admonición, embozada bajo el principio de respeto a la libertad de creencias, rebasa en realidad la garantía de que cada quien pueda adoptar la creencia de su preferencia. Lo que dice ser una "garantía" individual pasa a impedir a las iglesias cumplir con su innato cometido magisterial.
Ninguna iglesia o institución religiosa puede declinar esta misión. Ninguna de ellas puede, ni tampoco debe, abstenerse de definir y enseñar lo que son, según su doctrina, las normas éticas de conducta privada o social, incluyendo la de la autoridad civil. La historia está llena de "profetas", "gurús", maestros, patriotas y líderes religiosos que han cumplido con su obligación de calificar y, de hacer falta, denunciar. En innúmeras ocasiones la han pagado con su vida o su libertad. Hoy día, por ejemplo, la persecución del Estado por motivos semejantes sigue con frecuente y cruenta realidad en varios países bien conocidos de Asia y África.
La separación de Iglesia y Estado que se predica en México no significa que los de este último estén exentos de respetar valores morales, ni que aquélla deba abstenerse de su deber cívico. Pero si la autoridad civil se ha deslindado, correctamente, de definir lo que es ético o moral, ello no excluye que la legislación, aun la constitucional, pueda remitirse a estos principios.
En efecto, el Artículo 6° dice que "la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición salvo en casos de ataques a la moral". El Artículo 7° dice que "la libertad de imprenta... no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz..." y el Artículo 34° constitucional establece que un "modo honesto de vivir" es un requisito para ser ciudadano mexicano.
La equidad, la justicia y la cuestión de los derechos humanos implican valores universales de los que los algunos extremistas del laicismo quieren cercenarse por temor a caer en ideologizaciones. Sin embargo, pese a ellos, la ética y la moralidad en el comportamiento seguirá requiriendo exigencias cívicas, hasta internacionales, no pocas veces inspiradas y promovidas por las iglesias sin que ello se tache de "fanatismo".
Las Encíclicas y declaraciones de los Papas en cuestiones sociales, casi siempre con repercusiones políticas, expresan el magisterio que la Iglesia tiene que ejercer independientemente de que agraden. El Vaticano fue claro en denunciar la persecución religiosa callista, el nazismo hitleriano, el comunismo estaliniano, y más recientemente el actual capitalismo deshumanizado y el consumerismo desenfrenado.
Las posiciones de jerarcas eclesiásticos son aplaudidas o condenadas según el caso. Personajes como el obispo de San Cristóbal en los años de las rebeliones chiapanecas o del Arzobispo de Chihuahua que hace años se opuso valientemente al fraude electoral en su Estado, fueron motivos de controversia pero nunca se dudó de sus propósitos pastorales.
En occidente hemos desarrollado abundante literatura que explica por qué la autoridad religiosa no tiene que inmiscuirse en la acción política diaria. La Iglesia Católica establece los límites de la acción del clero, no sólo estas materias, sino también en la de negocios de lucrativos, movimientos sindicales y otras.
Este "laicismo" figura en el Código Canónico vigente. Los defensores del laicismo no tienen razón en que la Democracia verdadera excluye lo religioso.
El que "la Democracia tiene que ser laica o no es Democracia" es una equívoca exageración, ojalá no intencionada, de los que promueven la modificación constitucional que comentamos. A menos de que estén preparando una campaña contra el único partido político que sí defiende los valores que sustentan a nuestro pueblo.
