El gobierno mexicano se ofendió mucho porque el salvadoreño, en un tono airado, le exigió investigar la desaparición de 50 centroamericanos; pero la realidad es que las autoridades mexicanas mostraron una absoluta insensibilidad para reaccionar ante un presunto secuestro, habida cuenta de los antecedentes en la materia, particularmente el asesinato masivo de 72 migrantes en Tamaulipas, en agosto pasado.
Este nuevo incidente ocurrió el jueves 16 de diciembre y fue denunciado por primera ocasión el viernes 17 por el padre Alejandro Solalinde, responsable del albergue de migrantes "Hermanos del Camino" y coordinador diocesano de la Pastoral de la Movilidad Humana, sin embargo, todavía el martes 21 de diciembre (cuatro días después de la primer denuncia) el Instituto Nacional de Migración negó los hechos.
El lunes 20 de diciembre, el mismo padre Solalinde denunció que integrantes de los Zetas y la Mara 13, amenazaron con ir a sacar violentamente de dicho albergue a los 15 migrantes (en ese momento esa fue la cifra que se manejó) que lograron escapar del secuestro. El martes 21, el gobierno salvadoreño solicitó al mexicano que investigara el posible secuestro; ese mismo día, el quinto visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Fernando Batista, informó que había recabado testimonios de 18 migrantes, que confirmaban el secuestro de alrededor de media centena de ellos.
Pero eso todavía no fue suficiente para mover al gobierno mexicano, pues ese mismo día el INM emitió un comunicado que señalaba: "El INM reitera que el tren de carga no fue interceptado ni detuvo su camino hasta el punto en que se efectuó el operativo".
Y precisa: "Por lo que respecta al caso del tren en Oaxaca, al consultar con autoridades locales y federales, así como a la compañía ferroviaria, no se encontraron antecedentes que confirmen las versiones señaladas por la representación salvadoreña y tampoco existen denuncias ante autoridades mexicanas".
La respuesta fue tan descuidada que ni siquiera se percataron que la denuncia señalaba que el secuestro de los migrantes se realizó después del operativo oficial (no antes), por lo tanto, el problema no era sí había detenido su camino antes del operativo, sino después.
El miércoles 22, el gobierno salvadoreño logró el respaldo de los gobiernos de Honduras y Guatemala y emitieron un comunicado conjunto. Además Hugo Martínez, canciller salvadoreño, declaró: "No es posible que sí se destinen recursos hacia esos operativos, pero que no se destinen recursos suficientes para perseguir a las bandas que operan y realizan acciones en contra no sólo de población migrante, sino de población en general. Nos parece un contrasentido que sí se dediquen recursos para asegurar migrantes y no para perseguir a estas bandas".
Y sembró la duda de una posible colusión entre autoridades y secuestradores, pues aunque previamente indicó: "sin que signifique que emitimos juicio", reveló que "ya ha habido otros hechos en los que algún tiempo anterior, minutos antes de que ha ocurrido el hecho delictivo, ha habido un operativo aparentemente de autoridades mexicanas".
Fue entonces cuando las autoridades mexicanas reaccionaron airadamente y reconocieron que sí había elementos para presumir el secuestro de, al menos, 40 migrantes centroamericanos. Y fue finalmente hasta el viernes 24 de diciembre cuando la Procuraduría General de la República inició la integración de la averiguación previa, con los testimonios de los 18 migrantes que lograron evadir a las autoridades y los secuestradores.
Es inconcebible que se ignore la primera denuncia, cuando la CNDH prepara un informe que señala que en México secuestran a más de 10 mil migrantes por semestre; el mismo gobierno salvadoreño ha documentado, únicamente en 2010, seis secuestros colectivos con un total de 196 migrantes centroamericanos, de los cuales 44 eran salvadoreños, además de 59 secuestros individuales; en marzo de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, exhortó al Gobierno Federal a redoblar esfuerzos para proteger a los defensores de los migrantes; y el 11 de noviembre, la CNDH solicitó a la Secretaría de Gobernación reforzar las medidas de seguridad a favor del sacerdote Solalinde y el personal del albergue. Y, por si todo esto fuera poco, hay que recordar nuevamente la masacre de los 72 migrantes en agosto pasado.
Con todos esos antecedentes las autoridades mexicanas debían reaccionar al menor indicio, no esperar a que haya reclamos diplomáticos y denuncias formales por parte de los sobrevivientes. Todavía más: las autoridades mexicanas, particularmente el INM y la PGR, ya deberían haber implementado operativos y medidas preventivas.
Sin embargo, de acuerdo a las declaraciones del canciller de Honduras, Mario Canahuati, México no ha cumplido con ninguno de los acuerdos para la seguridad de los migrantes, que tomaron en octubre pasado 17 países de la región, entre los que se encuentran, entre otros: promover y facilitar la denuncia de los crímenes cometidos contra migrantes, a través de la instalación de líneas telefónicas especiales y seguras; fomentar políticas públicas para proteger los derechos humanos de los migrantes; y atender a las víctimas de estos delitos.
De acuerdo a un cable de la agencia de noticias France Press, Fernando Batista, quinto visitador de la CNDH, al dar a conocer que se prepara un nuevo informe sobre la situación de los migrantes en México, señaló: "Las cifras son importantes, pero lo que visualizan es que el problema sigue latente. Que lejos de que se hayan tomado acciones para prevenir y procurar justicia, se advierte lo contrario".
Así el gobierno mexicano más que molestarse por el reclamo público de los gobiernos centroamericanos, debe ocuparse del asunto y, mientras tanto, confiar en que el desenlace no sea otra masacre como la de agosto pasado.
