Prevista para el 23 del mes que corre una audiencia judicial en la Corte de Nueva York en la que el Grupo Vitro exigirá la anulación de los contratos firmados con media docena de bancos para realizar sofisticadas operaciones de derivados, los que pactaron lo propio con la cadena Comercial Mexicana están sacando las uñas.
Hete aquí que le están exigiendo a la firma encabezada por Guillermo González Nova una serie de garantías adicionales para resguardar el arreglo alcanzado para cubrir el monto del débito resultante tras su reestructura.
Estamos hablando de mil 100 millones de dólares, considerando que hubo una quita de 60 por ciento a la factura original exhibida por ocho bancos de bandera extranjera que pactaron con la cadena la venta de coberturas sobre una determinada paridad peso-dólar.
Ésta alcanzaba dos mil 400 millones de billetes verdes.
El descuento se logró tras desistirse las intermediarias que pactaron los contratos, entre ellas el Bank of America, dueño de Merrill Lynch; el JP Morgan, el Barclays Bank, Goldman & Sach's... de llevar el asunto a la Corte, por más que el proceso ya estaba en vía.
De hecho, en la fase previa se celebraron varias audiencias en las que la balanza se inclinó contra los bancos.
De entrada, Gustavo Campomanes, el tesorero de la cadena, a quien se lanzó el peso de la culpa del desastre, habló de coacción por parte de las intermediarias.
En algún momento, incluso, el representante de Merrill Lynch, Pedro Giral, lo invitó a esquiar a Whiatler en la provincia canadiense de la Columbia Británica.
Más allá, nunca se le explicó, de acuerdo a su testimonio, el alcance real de los sofisticados contratos.
La catarata se inició en el 2008, cuando Campomanes aceptó un primer trato: protegerse ante la certeza de que si llegaba al poder Andrés Manuel López Obrador habría una megadevaluación en el país.
La cobertura fue por mil millones de dólares.
El caso es que al no cumplirse el augurio, el asedio contra el tesorero de la cadena logró convencerlo de realizar otras operaciones para contrarrestar las pérdidas, lo que se volvió una espiral sin fin.
Al final del día la Cómer le apostaba lo mismo a una paridad de 12 pesos, que a otra de 17, en lo que parecía la locura.
El caso es que, cerrada la reestructura de su deuda con todos los acreedores, de pronto resultó que a los bancos extranjeros ya no les gustó el que la controladora de la cadena quedara como aval del pago pendiente, volteando la vista a los codiciados bienes inmuebles de la empresa mercantil.
Concretamente, se habla de las sucursales Pilares y Revolución, en las que se concentran terrenos de valor incalculable.
El problema es que éstos se habían colocado, como garantía para respaldar una emisión de Obligaciones Bursátiles que le repondría su tenencia a quienes le apostaron a otras dos previas cuya redención quedó pendiente al caérsele el cielo encima a la Cómer.
El monto de la deuda es de mil 500 millones de pesos.
En la lista de damnificados por el incumplimiento que encendió los focos rojos en la cadena, están unos 10 mil trabajadores de la firma de conductores eléctricos IUSA, que arriesgaron su fondo de retiro; ex futbolistas, viudas, además de empresas como Bachoco.
De despojarlos de las garantías otorgadas el escándalo regresaría a todo decibeles.
Por lo pronto, en lo que apunta a un nuevo episodio del polémico capítulo de los contratos con instrumentos financieros derivados, el Grupo Vitro planteará un alegato en que intentará demostrar que éstos violan leyes mexicanas como el Código Civil Federal, el Código de Comercio y la Ley de Comercios Mercantiles.
La deuda de la principal fabricante de vidrio en el país es de 245 millones de dólares. Los acreedores son, entre otros, el Citibank, Credit Suisse, Deutche Bank y Barclays Bank.
Los contratos se firmaron en el 2007 y 2008, en afán de la empresa con sede central en Monterrey de protegerse contra la volatilidad que mostraba el precio del gas natural.
El caso es que colocadas las cartas en la mesa, a lo más que accedería el grupo Vitro es a pagarle a sus acreedores "daños y perjuicios", dado que los contratos fueron pactados "más para sufrir pérdidas los contratantes que para alcanzar ganancias".
La caldera, pues, está que arde.
Por lo pronto, a la zancadilla de Vitro se responde con otra a la Cómer... por más que los damnificados son distintos.
La sorpresa la ofreció el juez décimo de Distrito de Amparo en el Distrito Federal, al calificar de inconstitucional una orden de aprehensión expedida contra el dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia por presunto lavado de dinero.
Anteriormente diversos tribunales habían invalidado a su vez otras órdenes de detención expedidas en San Luis Potosí, Sonora y el Distrito Federal, en relación con un presunto manejo fraudulento de los 55 millones de dólares otorgados por el Grupo Industrial Minera México para prorratearse entre los trabajadores de Mexicana de Cobre y Mexicana de Cananea.
El expediente, pues, pareciera desmoronado... lo que deja sin causa la petición de extradición contra el líder minero en exilio voluntario en Canadá.
Su última pelea, en tal caso, llegaría de apelar la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal la sentencia.
Por cierto, ahora resulta que el sindicato minero logró hace unos días un amparo contra la posibilidad de un desalojo violento de sus agremiados que custodian las instalaciones de Mexicana de Cananea, en huelga desde hace casi 30 meses, tras declararse rota la relación entre la Sección 65 y la firma.
PERDIÓ LALA Favorito en las apuestas, finalmente el grupo lechero Lala perdió la oportunidad de hacerse de Puleva Foods, la división lechera de la poderosa firma productora de alimentos española Ebro Puleva.
La pelea la ganó la empresa francesa Lactalis.
El precio pagado fue de 630 millones de euros.
Además de Lala, en la pelea se quedaron las firmas danesa Avla, la cooperativa holandesa Campiña y Parmalat de Italia.
SÍ, PERO NO Televisión Azteca apelará la sentencia del juez primero de Distrito en Materia Administrativa que le negó una suspensión contra una resolución de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que le obliga a dejar de transmitir la señal de Hi-TV, por considerar que viola el título de concesión concedido a ésta y a la Televisora del Valle de México.
Lo curioso del caso es que la decisión apunta al clásico sí-pero-no, dado que en paralelo se protege a las firmas contra la posibilidad de decomisar los equipos codificadores anunciada por la autoridad. En paralelo, frena la multa de casi cinco millones de pesos impuesta a cada una de las empresas.
El alegato de Azteca apunta a que la Cofetel, instancia reconocida por la Suprema Corte como la única en opción de hacerlo, reconoció como válidas las transmisiones realizadas.
Por lo pronto, éstas seguirán al aire.
