Era diciembre de 2008, l@s 500 diputad@s de la pasada Legislatura estaban a punto de irse de vacaciones navideñas con su sueldo mensual más unos 138 mil pesos de aguinaldo por legislador. Nada del otro mundo. Todos los empleados del sector público, como del privado, tienen el derecho a recibir un aguinaldo que reconozca el trabajo realizado a lo largo del año.
Y sin embargo, el escándalo se dio cuando la organización DHP* (Dejemos de Hacernos Pendejos) empezó a dar a conocer que l@s diputados se habían regresado poco más de 38 mil pesos de impuestos por cabeza. La razón: el jugoso aguinaldo de 138 mil pesos había sido reducido a "solamente" 99 mil pesos por legislador, debido a que los diputados, como todos los demás mexicanos, estaban obligados a pagar el Impuesto sobre la Renta (ISR).
Amparados por una práctica que se da desde los años 60 y por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, los diputados se regresaron el total del ISR a través de sus coordinadores de grupos parlamentarios, quienes expidieron cheques de regreso a cada uno de los 500 diputados del Congreso Federal en la pasada Legislatura.
DHP* metió entonces una demanda de información ante el diputado César Duarte, quien entonces fungía como presidente de la Cámara de Diputados y quien hoy es el gobernador de Chihuaha. La organización simplemente quería conocer por qué se habían regresado ese dinero los diputados, bajo cuáles fundamentos legales y cómo los coordinadores parlamentarios habían distribuido el retorno del ISR. En otras palabras, DHP* solamente pedía información pública sobre el uso y destino de un presupuesto público, demandando transparencia y rendición de cuentas.
Sin embargo, a mediados de 2009, el Congreso no dio respuesta a esa demanda, pese a que por ley está obligado a responder las demandas ciudadanas. No sobra decir que la solicitud de información de DHP* iba acompañada por la firma de más de 4 mil personas que apoyaban esta iniciativa. Así, lo que empezó siendo una solicitud de información ciudadana terminó en un pleito penal, ya que DHP* metió una demanda ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra los responsables de no haber dado respuesta a un grupo de ciudadanos.
Casi dos años después de que iniciara todo este evento, y quince meses después de que DHP* presentara la demanda penal, la PGR contestó a DHP*, desechando su demanda y decidiendo no ejercer acción penal contra los diputados por "falta de elementos", según reseñó el viernes pasado Maite Azuela, integrante de DHP*, en un artículo de opinión en el periódico El Universal.
La falta de rendición de cuentas y de transparencia, la desatención a la ciudadanía, la desconfianza en las instituciones, el no cumplimiento de la ley y el abuso de autoridad son algunos de los problemas que siguen afectando a la democracia mexicana.
En el caso que involucró a DHP*, al Congreso Federal y a la PGR hubo una demanda ciudadana de rendición de cuentas al Poder Legislativo, una petición de información para esclarecer un evento, que tuvo una respuesta fuera del tiempo establecido por la ley. La tardía respuesta por parte de la PGR es percibida como una desatención a un grupo organizado de la sociedad civil y, peor aún, como un arropamiento de la PGR a la falta de transparencia y a la falta de respuesta de la Cámara de Diputados.
Como resultado de este caso, la actual Legislatura decidió no regresarse el ISR, según relata Roberto Trad, otro integrante de DHP*, y si bien esto es un avance, lo cierto es que lo necesario y urgente es que la Cámara de Diputados dé respuesta puntual a todas las demandas de información de la ciudadanía, que transparente la utilización de los recursos que recibe por parte de la ciudadanía y de perdida que la PGR responda mucho más claramente por qué desecha demandas.
En suma, lo que es apremiante es que los esfuerzos de la sociedad organizada tengan eco y que no simplemente les valgan m... a quienes legislan y gobiernan por nosotros.
Politólogo e
Internacionalista
Twitter @genarolozano
